31 de julio de 2010
31.07.2010
Marbella

El Consistorio exime a los compradores de buena fe de pagar por normalizar sus viviendas

El Ayuntamiento aprueba una moción para que sean
las administraciones las que paguen las compensaciones

31.07.2010 | 07:00

El Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer en pleno una moción que evidencia su compromiso con los terceros de buena fe y exige que los promotores asuman las compensaciones del proceso de normalización de las viviendas irregulares. El delegado de Urbanismo, Pablo Moro, señaló que esta propuesta «formaliza la posición que siempre hemos defendido de que sean las promotoras las que asuman las cargas urbanísticas».
Moro explicó que la moción «establece que serán las administraciones responsables las que tengan que hacer frente a las compensaciones antes que los terceros de buena fe» y afirmó que el Ejecutivo local «tiene como objetivo primordial evitar a toda costa que sean los vecinos los que tengan que pagar el pato de una situación de la que no son responsables».
Por otra parte, el pleno ha respaldado una moción para modificar la calificación urbanística de la parcela del hotel Escuela Bellamar. Como ha indicado Moro, «es el primer paso para materializar un acuerdo que permitirá reactivar el centro y convertirlo en una institución de referencia en el ámbito de la formación turística como ha sido históricamente».
El concejal explicó que las instalaciones –dependientes del Ministerio de Trabajo y ubicadas en una parcela de titularidad privada– «han sufrido una lenta decadencia en los últimos años y tenemos la firme intención de reactivarlas».
Para ello, el Ejecutivo local, con la alcaldesa al frente, ha iniciado una ronda de conversaciones que han culminado en un preacuerdo entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía en su doble vertiente de Urbanismo y Empleo, Ministerio de Trabajo y propiedad que, como ha subrayado Moro, «resulta muy beneficioso para las cuatro partes».
De este modo, el Instituto Nacional de Empleo transfiere las dependencias a la Junta de Andalucía para que cree un gran centro de referencia, mientras que la propiedad cede al Ayuntamiento un área de más de 3.500 metros cuadrados de superficie –donde se ubica actualmente la Escuela de Hostelería– que se modifica como equipamiento público y la edificabilidad se concentra en la zona anexa a Severo Ochoa.
La corporación aprobó por unanimidad una moción de apoyo a los trabajadores del hotel Incosol.

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