El juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella investiga a la directora general de Turismo del gobierno local, Laura de Arce, por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos en la causa sobre las contrataciones de altos cargos de dirección en el Ayuntamiento que realizó el PP entre 2007 y 2015.
En un auto emitido el 28 de mayo, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, el juez cita a la directora general, con capacidad ejecutiva en el gobierno local, a que declare en calidad de investigada -antiguamente imputada- el 25 de septiembre a las 10.00 horas.
El Ayuntamiento de Marbella contrató a De Arce como personal de alta dirección en la empresa municipal que gestiona el Palacio de Ferias y Congresos. Tras el cambio de gobierno local que se produjo después de las elecciones municipales de 2015, De Arce abandonó el cargo tras aceptar una indemnización. Tras la vuelta de Ángeles Muñoz a la Alcaldía como consecuencia de una moción de censura entre PP y OSP en agosto, De Arce logró la plaza de directora general de Turismo en un concurso que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía paralizó de forma cautelar.
La Sala adoptó la decisión tras un recurso que planteó el grupo municipal socialista al entender que en el concurso público que organizó el gobierno local no se garantizaban los principios de igualdad y concurrencia entre los aspirantes.
El 25 de septiembre también declararán Juan María Carrasco, Alicia Aguilar y Miguel Ángel Lavela. El 18 de septiembre comparecerán ante el juez, a partir de las 10.00 horas, Antonio Mata, Bernardo Javier Alcaide y Cristina González; y el 11 de septiembre, a las 11.00 horas, prestarán declaración Francisco Ramos, Carlos Augusto Puertas y Manuel Fernández.
Son diez de los doce altos cargos contratados en el Ayuntamiento durante la anterior etapa de Muñoz y declararán en calidad de investigados, como adelantó el jueves el digital Marbella Confidencial.
Preguntado sobre si De Arce debería dimitir al estar investigada, el portavoz del PSOE José Bernal señaló ayer que la formación socialista «no hará ningún juicio de valor hacia los trabajadores», en referencia a los ex altos cargo de dirección. «La culpable de todo es la señora Ángeles Muñoz, que se parapeta en el aforamiento cuando lo que tendría que hacer es dar explicaciones. La alcaldesa firmó esos contratos porque entendió que eran las personas más adecuadas. Pero la época del cortijo se acabó». La regidora es aforada por su condición de senadora, por lo que sólo podría responder ante el Tribunal Supremo.
El Juzgado de Instrucción ha admitido al grupo municipal socialista como acusación popular. La representación legal de la formación socialista la asume el abogado José Mariano Benítez de Lugo, del que Bernal destaca que consiguió sentar en el banquillo como testigo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el caso Gürtel.
El PSOE trasladó a Fiscalía en 2017 las contrataciones de 12 cargos de confianza de alta dirección que, a su juicio, se habían producido de forma irregular.
El equipo de gobierno declinó dar su versión de los hechos a La Opinión de Málaga.
