La planta de transferencia para residuos de construcción, demolición y poda de Marbella, cerrada desde 2016, retomará su actividad tras los meses centrales del verano.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, anunció ayer que las actuaciones para rehabilitar el equipamiento en el que se depositan los residuos para trasladarlos a la planta de tratamiento de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol en Casares, finalizarán en septiembre tras una inversión de unos 600.000 euros que realizará la empresa que gestionará el recinto, Urbaser, que depende del ente supramunicipal.
Las obras permitirán ampliar de 7.000 metros cuadrados a cerca de 9.000 la superficie de una planta en la que, según la regidora, se gestionarán unas 204.000 toneladas de residuos al año.
Hasta la entrada en funcionamiento de la planta de transferencia, cuya apertura anunció el equipo de gobierno en un primer momento para antes de la época estival, el Ayuntamiento habilitará un equipamiento provisional en una parcela ubicada a escasa distancia y ubicada junto a la nave de Servicios Operativos de Marbella y la Triple A. La planta de transferencia provisional también la gestionará Urbaser.
Muñoz aseguró que la apertura del equipamiento provisional «es una medida muy esperada por los profesionales del transporte y también por los particulares para evitar tener que desplazarse hasta Estepona, Mijas o Coín para depositar estos residuos». «Con esta iniciativa se soluciona uno de los graves problemas que teníamos, sobrevenido desde la pasada legislatura cuando se cerró la planta de transferencia, posibilitando a transportistas y particulares un lugar cercano para realizar el depósito de este tipo de residuos. Esto supone un importante ahorro económico para los transportistas tal y como nos había trasladado la asociación del sector, al evitar tener que llevar los residuos a otros municipios vecinos y el gasto de combustible que ello generaba», agregó Muñoz.
La regidora aseguró también que la apertura del equipamiento conllevará beneficios medioambientales al rebajar considerablemente la cifra de kilómetros que tienen que hacer estos grandes camiones, además de reducir, en la medida de lo posible, la aparición de vertederos incontrolados en el municipio.
La planta de transferencia se cerró en 2016, cuando la empresa que la gestionaba cesó su actividad al alegar que el cierre de un vertedero anexo le generaba un perjuicio.
El Gobierno local de PSOE, IU y OSP, que gestionó el municipio desde 2015 hasta 2017, clausuró el vertedero al detectar que operaba en situación de ilegalidad desde hacía 20 años y después de que la Junta amenazara al Ayuntamiento con imponerle una sanción de dos millones de euros.
