El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella trató ayer de restar importancia a la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. «Es una incidencia muy menor que no tendrá efectos prácticos en el ámbito urbanístico y no afectará a posibles inversiones en el municipio», señaló el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero.
Según el concejal, el TSJA se ha pronunciado sobre una «cuestión meramente formal» por lo que, indicó, «el efecto práctico no se notará en el nivel de funcionamiento de la Corporación municipal». Añadió que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian «cómo solventar ese problema de forma y, si es necesario, presentar algún recurso» y reiteró que el efecto práctico de la sentencia «es nulo».
«Vamos a ver cuál es la situación para sanar este planteamiento. A lo mejor, la solución es simplemente revisar de oficio el acuerdo que se adoptó en 2017 o recurrirlo. Se trata de una cuestión que se está planteando a nivel de asesoría jurídica y de abogados. Una vez que lo tengamos claro, adoptaremos el camino pertinente», dijo.
Romero aseguró que los inversores interesados en Marbella «están perfectamente asesorados y saben que hay un marco legal estable y seguro». La sentencia, apuntó, «no tendrá ningún efecto en la imagen inmobiliaria de Marbella ni en la imagen de la gestión urbanística de Marbella ni en el volumen de movimiento que tiene la ciudad en el ámbito urbanístico».
El 28 de abril de 2017, el pleno del Ayuntamiento de Marbella aprobó con los votos de PSOE, IU, OSP y Podemos, el texto refundido del PGOU de 1986, pero el 29 de septiembre de 2017, tras la moción de censura de PP y OSP, ambos partidos aprobaron un nuevo acuerdo sobre el texto refundido.
Sin embargo, en su sentencia, la Sala entiende que la sustitución de los acuerdos «no se acomoda a ningún procedimiento legal por lo que el acuerdo impugnado debe ser íntegramente anulado». El Ayuntamiento tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación contra la sentencia.
La resolución del TSJA estima un recurso contencioso-administrativo presentado por la concejal de Podemos en la anterior Corporación municipal Victoria Mendiola, quien entendía que la aprobación del acuerdo de septiembre constituía una «modificación irregular» del acuerdo de abril.
La edil del PSOE y exdelegada de Urbanismo Isabel Pérez pide al equipo de gobierno «que se tome en serio de una vez por todas el urbanismo. Advertimos en el pleno de septiembre de 2017 que anular el texto refundido aprobado en abril de 2017 por nosotros no era el camino para corregir errores. Ahora lo dice una sentencia. Una vez más queda patente que los pasos que el PSOE dio en Urbanismo eran los correctos», dijo Isabel Pérez.
