El concejal del PES en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) José Ignacio Crespo declaró tras su arresto en el "caso Astapa" que los expedientes urbanísticos que iban a pleno tenían que ir firmados por la gerente de Urbanismo por el PSOE, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.
Crespo, que fue primer teniente de alcalde, desvinculó a su formación política de estas cuestiones, según recoge la parte del sumario levantada hoy por el juez instructor del caso, Jesús Torres.
El edil declaró, a preguntas del fiscal, que la función del gerente de Urbanismo por el PES, Pedro López, "no era muy relevante" y que todos los expedientes tenían que ir firmados por Rojo, cargo de confianza del PSOE durante el pacto de gobierno entre esta formación y el PES de 2003 a 2007.
Según Crespo, López le informaba de los asuntos que se trataban en Urbanismo, pero pocos expedientes iban firmados por el entonces gerente de Urbanismo, a quien la Policía atribuye una cuenta bancaria con más de 10 millones de euros localizada en Andorra y que sería fruto de comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias municipales.
El concejal del PES declaró que no intervino en la negociación de convenios urbanísticos y que hubiese votado en pleno en contra de los mismos si hubiese tenido la sospecha de que los aprovechamientos habían sido infravalorados.
Por su parte, el ex tesorero de la Corporación Félix Domínguez manifestó ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que los convenios urbanísticos han sido consecuencia de la venta de aprovechamientos a precio inferior al del mercado, los cuales, una vez firmados, se veían incumplidos.
Además, añade que las adjudicaciones de parcelas municipales se realizaban al margen de cualquier concurso público y que "es práctica habitual en el Ayuntamiento el pago de aportaciones dinerarias por parte de empresarios, las cuales eran utilizadas para financiar gastos corrientes del Consistorio".
