19 de febrero de 2017
19.02.2017
Urbanismo

Soha y la Junta acercan posturas en el conflicto por las casas irregulares

La Administración autonómica cambiará ciertas normas, pero ve difícil una modificación en la prescripción penal, que según el colectivo de afectados crea un agravio comparativo entre el comprador de buena fe y el promotor de la vivienda

19.02.2017 | 05:00
Los dirigentes del colectivo axárquico Soha, durante el encuentro celebrado en sede parlamentaria.

­Nuevos pasos en el camino hacia la regularización de miles de viviendas situadas en suelo no urbanizable en el interior de la comarca más oriental de la provincia. Representantes del colectivo comarcal Save Our Homes in Axarquía (Soha) y del Ayuntamiento de Alcaucín han mantenido un encuentro con responsables de la Dirección General de Urbanismo de la Junta, al objeto de «analizar propuestas que permitan mejorar las condiciones de los hogares de más de un millón de andaluces».

Al encuentro asistieron el director general de Urbanismo, Alejandro Márquez, y el resto de integrantes de su equipo, junto a los parlamentarios andaluces del PSOE, la torroxeña María Nieves Ramírez y Rodrigo Sánchez, y, en representación de C´s, Marta Escrivá.

Por el Ayuntamiento de Alcaucín, en cuyo término hay aún más de un millar de viviendas por regularizar, asistieron el alcalde, el residente belga Mario Blancke (C´s), y el primer teniente de alcalde, el socialista Florencio Lozano. En cuanto a Soha, en la mesa participaron tanto su presidente, el residente británico Philip Smalley, y el actual portavoz del colectivo, Fernando Montero.

Blancke recordó que la situación plantea que las viviendas fueron declaradas irregulares «porque a pesar de haber obtenido todos los permisos exigibles, fueron los ayuntamientos los que actuaron en contra de su propio ordenamiento». De esta forma, solicitó que se estudiara y ampliara la aplicación de declaración de asimilado fuera de ordenación para las viviendas con sentencia de nulidad de sus licencias, «para poder evitar la demolición».

«La declaración de una vivienda como fuera de ordenación la salva de la demolición, pero repercute negativamente en el valor del inmueble, el derecho de usufructo y derechos sobre la superficie, por ejemplo, y en las condiciones de una vida digna de sus propietarios. Es por esto que hemos planteado modificaciones en varios artículos que remitimos a la comisión de justicia con el fin de que tengan acceso al mercado hipotecario y la protección de los derechos de los compradores de buena fe», aclaró.

Próximo encuentro en Alcaucín

Smalley manifestó que en un próximo encuentro se podrá conocer la situación «de primer mano, algo que es muy necesario, porque se celebrará en el propio municipio de Alcaucín». Asimismo agregó que la Junta «ha entendido la problemática, especialmente cómo afecta a las viviendas», matizó.

Blancke propuso que el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía rebaje su doctrina del límite de revisión del tiempo de prescripción, que además permitirá declarar las casas como fuera de ordenación. Por esto, Soha y el propio Consistorio axárquico proponen que en lugar de 20 años, como se sitúa ahora, sean 10 años, «porque dado que estas acciones administrativas ya no son excepcionales», argumentó.

El regidor de Alcaucín señaló que el plazo de prescripción penal es de 5 años, y 6 años para la prescripción de restablecimiento del orden urbanístico. «Mientras los responsables del despropósito urbanístico salen indemnes por la prescripción de los delitos, los efectos colaterales para los compradores de buena fe, tanto españoles como residentes europeos, como por ejemplo la imposibilidad de acceso a hipoteca y la limitación incluso de pequeñas obras, no prescribe nunca», denunció.

«Estamos hablando de aproximadamente 400.000 viviendas en esta situación en Andalucía, es decir, más de un millón de andaluces», finalizó el propio alcalde. El director general de Urbanismo de la Junta de Andalucía, Alejandro Márquez, indicó que en un tema que afecta a más municipios «deberá analizarse el alcance completo para dar una solución más global».

Márquez y Rodrigo Sánchez se mostraron «receptivos a plantear a las comisiones correspondientes la eliminación del artículo» que limita el acceso de los compradores de buena fe al mercado hipotecario. Sin embargo, vieron inconvenientes en aspectos como los plazos de prescripción, «porque haría falta una norma jurídica».

Márquez agregó que muchos de los planteamientos afectan al Departamento de Vivienda y necesitan un «abordaje más general a nivel andaluz». Blancke también denunció que la lenta tramitación del PGOU en los distintos municipios también ralentiza estos trámites.

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