16 de febrero de 2018
16.02.2018
Tribunales

El Supremo concede 500.000 euros a un reo por gran invalidez

El preso, interno en la cárcel de Alhaurín de la Torre, sufrió un empiema epidural a finales del año 2013

16.02.2018 | 05:00
Imagen de la cárcel de Alhaurín de la Torre.

El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el derecho a cobrar una indemnización de 500.000 euros a un preso en situación de gran invalidez al entender que si se le hubiese realizado un diagnóstico distinto al que hicieron los médicos del centro penitenciario de la localidad de Alhaurín de la Torre, en la que estaba ingresado, la lesión habría sido menor o se podría haber evitado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto Tribunal ha estimado el recurso interpuesto por este preso –que sufrió un empiema epidural con compresión severa medular– y su madre, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirmó la resolución del secretario general técnico del Ministerio del Interior en la que se rechazó la reclamación de una indemnización de 1,3 millones de euros por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Wenceslao Francisco Olea Godoy, concluye que, aunque los servicios sanitarios penitenciarios actuaron conforme a su criterio y de acuerdo a las circunstancias del enfermo y sus antecedentes, «es manifiesto que otro diagnóstico era admisible desde el punto de vista de la ciencia médica, lo cual remite a la pérdida de oportunidad».

«De haberse realizado un diagnóstico más acorde a los síntomas que ofrecía el paciente, se hubiese remitido a un centro donde pudieran haberle detectado con más antelación el empiema ya manifestado con síntomas», subrayan los magistrados.

Añaden que, si el preso hubiese sido trasladado, podría haber sido intervenido con «mayor prontitud» y, por tanto, existe la alta probabilidad de que no se hubiese producido finalmente la gran invalidez.

Por su parte, los servicios sanitarios de la prisión alegaron que el empiema epidural es una enfermedad muy poco frecuente y de difícil diagnóstico. La inspección penitenciaria aclaró que solo es posible su diagnóstico mediante una resonancia magnética que no puede hacerse en los centros penitenciarios.

Los hechos ocurrieron entre finales de diciembre de 2013 y los primeros días del año siguiente.

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