El coste de la reestructuración bancaria en España

Los medios de comunicación vienen haciéndose eco de declaraciones de todo tipo acerca de la magnitud de las ayudas y del coste que generan para las arcas públicas. Aun cuando no han faltado análisis rigurosos, dentro de una tendencia hacia una devaluación que afecta al rango de los propios conocimientos económicos, ha llegado a afirmarse, por ejemplo, que toda la deuda pública acumulada en España (más de 700.000 millones de euros) es producto de tales ayudas. Tratar de aproximar el alcance del coste de la intervención pública en el marco de la reestructuración bancaria en España es el objeto de este artículo.

Aunque en un principio pudo dar la errónea impresión de que la resistencia del sistema bancario español le otorgaba un certificado de inmunidad ante el impacto de la crisis internacional, a medida que sus efectos se fueron propagando, a través de una cadena en la que no dejaban de multiplicarse los eslabones, comenzaron a aparecer síntomas de debilidad que no podían pasar desapercibidos. Más tardíamente, y a una escala comparativamente menor que en otros países avanzados, el sector público español tomó cartas en el asunto. De forma sucesiva, el Estado ha ido adoptando distintas medidas para lograr mantener la estabilidad del sistema financiero. Lo primero que hay que constatar es que las acciones han sido de naturaleza heterogénea, lo que impide que sus cifras puedan sumarse de manera indiferenciada.

Un repaso de los instrumentos utilizados puede ser útil para calibrar el alcance y el impacto potencial de las ayudas otorgadas:

1. Emisiones avaladas: una primera línea de apoyo a la liquidez ha consistido en el otorgamiento de avales públicos. Las características de los avales son bien conocidas: no implican ningún desembolso a menos que la parte avalada incumpla sus obligaciones de pago; a cambio, el avalista percibe una comisión por el riesgo incurrido. El montante de las emisiones de títulos de entidades financieras avaladas por el Tesoro asciende a 63.800 millones de euros. Habrá que esperar al momento de la amortización de los títulos para dilucidar si se deriva algún quebranto presupuestario público.

2. Fondo para la Adquisición de Activos Financieros: también para reforzar la liquidez, la finalidad de este fondo ha sido la de adquirir activos de la máxima calidad crediticia existentes en la cartera de las instituciones financieras. Se trata, consiguientemente, de una especie de crédito concedido por el Estado, por un importe global de 19.341 millones de euros. El coste de estas operaciones cabe cifrarlo, en principio, en el de los intereses pagados por la deuda pública emitida para obtener los recursos necesarios; en el lado de los ingresos, han de computarse los rendimientos derivados de los activos adquiridos, así como las comisiones devengadas.

3. FROB: varias han sido las vías por las que el FROB (Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria) ha prestado apoyo a las entidades en proceso de reestructuración. Un primer bloque, por un montante de 11.559 millones de euros, se ha concretado en la suscripción de participaciones preferentes, que, en caso de no devolución, se convertirían en acciones o títulos asimilables de las entidades bancarias. Como coste habría que incluir, inicialmente, el del endeudamiento público necesario y, como contrapartida, los intereses percibidos, en torno al 8% anual. En una fase posterior, las ayudas del FROB se han canalizado mediante la suscripción de acciones, en una cuantía de 7.551 millones de euros. De nuevo, el coste sería el de la financiación del dinero para su compra, que se verá ampliado o reducido en función de lo que se obtenga en el momento de la venta, así como disminuido por los dividendos que puedan percibirse.

Por otro lado, el Fondo de Garantía de Depósitos ha aportado recursos para auxiliar en el proceso de reconversión de algunas entidades. Sin embargo, en este caso se trata de recursos de origen privado, sufragados por las entidades adscritas en función de su volumen de depósitos captados. Las ayudas de carácter público contabilizadas hasta la fecha ascienden así a un total de 102.251 millones de euros. Ahora bien, a nadie se le oculta que para llegar a esta cifra verdaderamente se han sumado peras con manzanas. De entrada, hay que establecer una diferenciación entre las que implican un desembolso de fondos y las que no, concretadas en los avales concedidos.

El resto sí ha significado una entrada de efectivo en las entidades, pero con la importante condición de que es recuperable o realizable por el Estado, sin que haya supuesto una entrega de dinero a fondo perdido. Es decir, aunque aquel se ha visto «obligado» a invertir en entidades financieras –en ciertos casos llegando a una nacionalización de hecho– y su ayuda ha sido fundamental para algunas instituciones, está por ver cuál será el resultado final de las operaciones realizadas y la suma del coste neto definitivo para las arcas públicas.

Con vistas a tener una idea aproximativa del coste incurrido hasta ahora, es preciso identificar lo que ha tenido que pagar el Estado por el dinero facilitado (38.451 millones de euros, equivalentes a un 3,7% del PIB). A un tipo de interés del 5% anual, el coste sería de unos 1.900 millones de euros al año. Como rendimientos se han generado unos 1.000 millones por las emisiones avaladas y los activos adquiridos, y se devengan anualmente más de 560 millones por el primer tramo de las ayudas del FROB. Queda, en cualquier caso, por determinar qué resultados netos obtendrá el Estado una vez que se deshaga de las posiciones asumidas.

Hay numerosas personas que consideran inadecuado el comportamiento de los poderes públicos por salir al rescate de entidades que, más allá de los efectos devastadores de la crisis económica y financiera, han podido cometer errores de gestión. No haber dejado caer a tales entidades puede ser rechazable a partir de una serie de argumentos, pero en el otro lado de la balanza hay que colocar las consecuencias que podría haber acarreado para la economía y la sociedad el no poner freno al desarrollo de situaciones críticas dentro del sistema financiero. La factura de la inhibición corre el riesgo de acabar siendo bastante más onerosa que la de la intervención.

José M. Domínguez Martínez catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga