En los últimos 25 años de democracia hemos logrado consolidar un sistema sanitario que es reconocido internacionalmente como uno de los mejores del mundo, como se puede comprobar mediante la comparación de numerosos indicadores de salud recogidos de manera sistemática entre los distintos sistemas sanitarios existentes.
España ha construido un sistema sanitario ampliamente descentralizado, que se caracteriza por su acceso universal para los ciudadanos, que está organizado con criterios de equidad e igualdad y que presenta niveles de excelencia en muchos de los servicios que presta. Todo ello ha contribuido a que se haya situado como el servicio público más valorado por los ciudadanos españoles. Y, además, presenta unos buenos parámetros de eficiencia, ya que el nivel de inversión pública en relación con el Producto Interior Bruto, es del 6,5%, es decir, 2 puntos menos que la media de otros países europeos.
A pesar de alcanzar tan buenos parámetros con un coste económico razonable, hoy nos quieren hacer creer que no hay alternativa a los recortes ni al copago. Pero, si en 1986 fue posible poner en marcha nuestro modelo de sanidad, cuando España tenía una renta per cápita de 5.300 euros, ¿cómo no va a ser posible hacer sostenible nuestro Sistema Nacional de Salud con una renta per cápita que se ha multiplicado por más de 4 hasta alcanzar los 23.200 euros? La grave crisis económica que estamos atravesando no debería ser, en ningún caso, excusa para desmantelar el Estado del Bienestar.
Es verdad que en estos momentos es necesario reducir el déficit. De hecho, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero también tuvo que tomar medidas en este sentido y, concretamente en el ámbito de la sanidad, logramos, de común acuerdo con todas las comunidades autónomas, una importante reducción del gasto farmacéutico de alrededor de 5.000 euros anuales. También pusimos en marcha iniciativas como la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios mediante la central de compras del Sistema Nacional de Salud, creada en 2010, con el fin de generar mayor ahorro, sin afectar a las prestaciones, ni a la calidad.
Siguen existiendo alternativas para garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo sanitario sin tener que recurrir a los recortes en las prestaciones y sin instaurar el copago, lo que supondría un retroceso histórico de la sanidad española. Ejemplo de ello es la iniciativa llevada a cabo por la Junta de Andalucía con la subasta de fármacos, que el Gobierno de Rajoy ha recurrido al Constitucional, que conseguiría un ahorro de 1.500 millones. Pero también se puede obtener ingresos adicionales vía impuestos al alcohol de alta graduación o tabaco, o mejorar la gestión del cobro de accidentes (laborales, deportivos, del hogar, de tráfico) que se atienden en la sanidad pública y que podrían suponer el ingreso de entre 700 y 1.000 millones de euros adicionales.
En cualquier caso, es importante que los presupuestos destinados a la sanidad tengan una afectación finalista para garantizar que, tanto los ingresos potenciales generados en nombre de la insuficiente financiación de la sanidad, como los ahorros que se generen por una mejor gestión de los recursos sanitarios, se destinen exclusivamente y en su totalidad a la sanidad pública.
Por tanto, es absolutamente posible y viable garantizar la sostenibilidad de un sistema público de salud descentralizado, que tenga carácter universal en su cobertura, que sea gratuito en el momento de uso, que disponga de una provisión mayoritariamente pública, que disponga de la máxima calidad asistencial, que incorpore en su oferta los avances biomédicos y que sea equitativo y eficiente en el uso de los recursos.
