El fiscal general del PP y el Madrid general del mismo partido siguen soliviantados por una imputación de Cristina de Borbón que no ha alterado mínimamente el pulso de Mallorca, donde ha de esclarecerse la participación de la ciudadana mencionada en el saqueo de millones de euros de fondos públicos. Esta misma semana, un magistrado madrileño -por adscripción, no por nacimiento- ha imputado penalmente entre otros al marqués de Villar Mir, por no hablar de un Mayor Oreja de toda la vida en representación de las emperatrices Koplowitz. Las citaciones se han encajado en el normal funcionamiento de la administración de Justicia, sin originar conmociones del calado de una eliminación de la Champions.

Es decir, la declaración de una Infanta que no llega a princesa, y que se limita a decorar la prensa rosa con su imagen, sacude a un país con más fuerza que la imputación por donaciones no aclaradas de un empresario que factura miles de millones de euros, con una incidencia mayúscula en el PIB desvalido y que emplea a un ejército de trabajadores. La creación de riqueza de Cristina de Borbón se resume en los millones captados y disfrutados junto a Don Urdangarin. En cuanto a los dos o tres puestos de trabajo generados por su empresa, tenían por objeto sustraerse a la legislación, según la investigación. Por no hablar de la presunta evasión fiscal.

Sobrevalorar a Cristina de Borbón es más grave que imputarla. Insinuar que las estructuras del Estado se tambalean si la Infanta cumple con su elemental obligación ciudadana es uno de los mayores insultos a sus compatriotas, y esa componenda corre a cargo de ilustres juristas que se anegan en tecnicismos para recibir una caricia de La Zarzuela. En su día, la hija predilecta del Rey decidió enriquecerse a riesgo de amenazar la continuidad dinástica. El daño a las pretensiones de su hermano ya está hecho. Si no declara, la lesión a la corona se hará irreversible. Debería ser citada citada el mismo día que Villar Mir, un español realmente importante.