Esta flamante Ley de Costas nos llega como una nueva calamidad, después de décadas de corrupción institucional y de saqueo sistemático de patrimonios que necesitamos para asegurar el futuro de nuestra industria turística.
Ya lo dijo Albert Camus. Es el sueño, no siempre realizado, de los dictadores. Que sus gobernados se conviertan en cómplices. Pienso en aquellos silencios, en todo aquello que se ocultaba, que no se nos decía, en los años del caudillaje de la espada más limpia de Europa, aquí, en la reserva espiritual de occidente. La España del Fascio, siempre mutante. La que nunca se ha ido del todo. Afortunadamente, la inteligencia humana puede ser prodigiosa. Aprendimos a leer los mapas al revés. Y en las oscuridades del aparente vacío intuíamos caminos. También algunos aprendimos a ignorar al caudillejo de turno (es palabra del gran Félix Bayón) cuando nos señalaba imperioso la mercancía deteriorada que nos querían vender.
En el Diccionario del Inglés de la Universidad de Oxford (el OED para los iniciados) se identifican los orígenes de la omertà siciliana, la ley del silencio, en una antigua expresión española. La «hombredad», la hombría, cosa de hombres. Injertada en el habla siciliana a través de omu, hombre, en el viejo dialecto de la isla. Otras teorías buscan antecedentes de omertà más remotos en el latín. En humilitas, la humildad, que evolucionaría a través de la umirtà de los dialectos de la Italia meridional.
Es imposible no asociar los primeros pasos de la nueva Ley de Costas a estos silencios. La peculiar ley 2/2013 de 29 de mayo para la protección y uso sostenible del litoral y la modificación de la ley 22/1988 de 28 de julio escenifican una nueva renuncia de gran parte de la sociedad al pensamiento crítico. Ya que esta nueva Ley de Costas en realidad retira la protección existente con anterioridad sobre aquellos bienes de titularidad pública que el nuevo texto proclama querer proteger. Es una ley con consecuencias perversas, pues propicia la atrofia de los mecanismos de defensa social ante el expolio y las arbitrariedades. Se instalan la pasividad y el silencio, incluso en colectivos que en el pasado habían sido beligerantes a la hora de denunciar la destrucción de valiosos patrimonios paisajísticos y medioambientales de las costas españolas. Con la excepción de algunas organizaciones ecologistas, como Greenpeace, y algunas heroicas voces en solitario, el silencio cómplice barre en todos los frentes. Quizás sea esto fruto envenenado de la crisis actual, como ya advirtió Giorgio Napolitano el presidente de la República Italiana, alarmado por la creciente debilidad de la sociedad civil.
La verdad es que agradecí la lectura y el estudio de un lúcido y valiente análisis de esta peculiar Ley de Costas. Es la autora de ese trabajo doña Sonia Ortiga Zarazaga, ilustre jurista y experta en derecho medioambiental. Su análisis es sólido, inteligente, éticamente ejemplar. Me tomo la libertad de citar sus dos último párrafos:
«Es una ley que vulnera la Constitución (artículo 132 CE), no tiene en cuenta legislación autonómica - planes de ordenación de litoral de algunas comunidades- y vulnera numerosas directivas europeas (Directiva Marco de Agua, Hábitat, Aves, Riesgo de inundaciones, Calidad de aguas de baño, Evaluación ambiental, acceso a la información ambiental...)».
«En definitiva, es una ley que desprotege la costa, anticonstitucional y que no debería haber sido aprobada».
