29 de junio de 2014
29.06.2014
Editorial

Una reforma fiscal insuficiente

29.06.2014 | 00:14

Con el miedo aún en el cuerpo tras las elecciones europeas, en las que el PP perdió 2,5 millones de votos, porque los suyos prefirieron quedarse en casa, el Gobierno de Rajoy anuncia rebajas impositivas. Un alivio para el sufrido contribuyente después de todos estos años con tributos escandinavos para los de siempre, pero otra ocasión perdida para consolidar la incipiente recuperación económica. La reforma reduce el IRPF a la práctica totalidad de los cotizantes, suaviza el Impuesto de Sociedades y suprime algunas de las muchas deducciones vigentes, pero no aborda los cambios estructurales que España necesita para salir del bache con solvencia  y conseguir un país más próspero y más justo.

Rajoy llegó al poder en 2011 con los mejores resultados de la historia del PP y la promesa de bajar los tributos. Muy poco después subía el IRPF y el IVA al tiempo que acometía el ajuste más duro de la democracia. Con el país al borde del rescate, el presidente incumplió su palabra y no respondió a la confianza de sus votantes, muchos de los cuales le dieron la espalda en los recientes comicios europeos. Con el calendario que España tiene por delante –autonómicas y municipales en primavera y generales a finales de 2015– el PP siente la urgencia de intentar reconciliarse con el electorado y anuncia 9.000 millones de euros menos en IRPF y Sociedades durante los dos próximos años.

La reforma fiscal propuesta es bastante equilibrada porque beneficia a todas las rentas, sobre todo a las más modestas, aunque hay un tramo de percepciones medias que resulta menos favorecido. Deja más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y de las empresas, lo que estimulará el consumo y la creación de empleo. Algunos economistas sostienen que, dada la fragilidad de la embrionaria recuperación, probablemente fuera la única que el PP podía acometer para atender su compromiso de bajar impuestos. De todas formas, se queda corta y peca de electoralista.

El sistema tributario español  necesita una revisión integral que solucione sus graves problemas estructurales. El más importante de todos, el bajo nivel de recaudación pese a sus tipos, muy elevados en relación al conjunto de Europa. El año pasado el Estado ingresó 386.250 millones de euros y gastó algo más de 454.000, sin contar los ligados a la reestructuración bancaria. El déficit fue, por tanto, superior a los 67.700 millones. No hay Estado del Bienestar que se pueda garantizar a medio plazo con semejante desequilibrio contable.

El Gobierno calcula que la reforma fiscal tendrá un coste neto para las arcas públicas de 6.700 millones de euros, pero no explica de dónde piensa sacarlos. Y eso que acaba de volver a tocar la hucha de las pensiones que se agotará en 2016. Pasadas las elecciones, ¿qué va a hacer? Confía en que la economía evolucione mejor de lo previsto, en parte como consecuencia de esta reforma, pero en la UE ya han saltado las alarmas porque  desconfían del impacto que la rebaja pueda tener en las finanzas de un país cuya deuda llegó a los 990.000 millones en el primer trimestre de 2014. Considerando la previsión de crecimiento del propio Ejecutivo, el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit impuestos por Bruselas exige un esfuerzo de consolidación fiscal cercano a los 40.000 millones de euros hasta 2017. A no ser que Europa, por razones políticas, decida ayudar a Rajoy dándole un poco más de tiempo.

La estabilidad presupuestaria exige elevar la recaudación y al mismo tiempo contener el ingente gasto público, que pese a los recortes no ha dejado de crecer durante la crisis, fundamentalmente debido al desempleo y a los intereses de la deuda. No hay que podar servicios básicos, pero hay acabar de una vez con las duplicidades, las ineficiencias y los despilfarros. El sacrificio tiene que ser cosa de todos y a quienes están en los poderes públicos hay que exigirles ejemplaridad. Tampoco ayudan las comunidades autónomas, que duplican ya ampliamente el déficit de hace un año y a partir de 2015 verán reducidos sus ingresos. Sólo tres, el País Vasco, Asturias y las Islas Baleares, presentan unas cuentas saneadas, aunque el sistema de reparto debe ser revisado porque perjudica claramente a comunidades como la andaluza.

Asombra, asimismo, la tibieza de la reforma fiscal en la lucha contra el fraude, para la que simplemente se anuncia la publicación de una lista de morosos, pese a que por cada euro que el Estado destina a combatir la evasión obtiene hasta ocho. En un país con una economía sumergida por encima de la media europea, donde las arcas públicas dejan de ingresar unos 70.000 millones al año por fraude y sin contar los agujeros legales del sistema que aumenta la injusticia fiscal.

La rebaja impositiva soslaya, en fin, la devaluación fiscal propuesta por los expertos de la comisión Lagares, que básicamente consiste en reducir las cuotas empresariales a la Seguridad Social y compensar la caída recaudatoria con una subida del IVA, en sintonía con lo que pide Bruselas, u otros impuestos indirectos. Tampoco corrige la desigualdad tributaria entre autonomías, escandalosa en algunos casos y que sitúa a aquellas con la fiscalidad más alta en clara desventaja.

Una reforma a medias no es el mejor modo de contribuir a consolidar la recuperación, y no es previsible que los parlamentos que salgan de las elecciones del próximo año ayuden a acometer las asignaturas pendientes con una determinación mayor. Las consecuencias  pueden acabar pagándolas los de siempre.

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