Hay días en los que este columnista que les escribe se definiría a sí mismo y al mundo con aquella frase que oí pronunciar a Don Francisco Murillo, «sólo soy optimista con el futuro del pesimismo». Don Francisco, que era como le llamábamos todos, fue un maestro inolvidable para muchos de nosotros al que acompañaba un cierto pesimismo biológico que componía su figura sobre lo que escribió «no creo haber tenido mala suerte en un mundo de afortunados, sino, al contrario, pienso que la he tenido buena, y precisamente por eso creo que las cosas van mal y tienden a ir peor». Este pesimismo es, desafortunadamente, el sentimiento, el estado de ánimo que parece definir mejor la situación del país si nos atenemos a la actualidad política, social o económica de las dos o tres últimas semanas, incluso si nos apartamos de los temas más candentes de la agenda política.
Uno de nuestros bienes más preciados, la calidad de vida, gracias a una encuesta de la OCDE, nos ha hecho pasar del «cómo aquí no se vive en ninguna parte» al «como fuera de casa, en ningún sitio» (en frase no menos memorable del actor Antonio Gamero). Ahora resulta que ninguna región española está considerada entre las mejores para vivir, ni siquiera entre las 100 primeras. Según el informe ¿Cómo es la vida en tu región?, que analiza el bienestar en 362 comarcas de los 34 países de la OCDE, Australia es el país que ofrece una mayor calidad de vida a sus habitantes, pues cinco de sus regiones encabezan la clasificación elaborada por la OCDE: Canberra y el oeste del país ocupan el primer y segundo lugar de la lista, respectivamente, en el tercero está New Hampshire (EE UU) y por detrás se sitúan otras tres zonas australianas (Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria). La primera región española que aparece es el País Vasco, en el puesto 111, seguida de Navarra (148) y Madrid (154), mientras que en los últimos lugares se encuentran Ceuta (303), Melilla (282) y Andalucía (242).
El informe de la OCDE, que forma parte del programa que la organización puso en marcha en 2011 para evaluar el bienestar de los ciudadanos más allá de lo que apuntan los indicadores puramente económicos, analiza nueve variables: educación, empleo, renta, seguridad, sanidad, medio ambiente, participación ciudadana, acceso a servicios y vivienda. España logra las mejores notas en los indicadores de seguridad y sanidad. Todas las regiones obtienen calificaciones muy altas en estos aspectos (entre 8 y 10 puntos sobre 10) excepto Andalucía, que se queda en 7,3 en sanidad; Melilla, con 7,4 en sanidad, y Ceuta, que logra solo un 5,5 en seguridad y 6,3 en sanidad. Los valores más bajos se alcanzan en la variable que mide el acceso al empleo, con una media de 2 puntos sobre 10.
Las conclusiones a las que se llega a través del informe son claras: en primer lugar, España aparece entre los países rezagados en el índice de bienestar que elabora de la OCDE, el puesto 21 entre un total de 34; en segundo lugar, hay una sensación de que nuestro país es uno de los que cae más la sensación de bienestar por la crisis.
Sin embargo, no es un problema de bienestar o calidad de vida. Otros datos corroboran que la sociedad española que se está instalando en la crisis está cayendo en profundos desequilibrios sociales. Así, en la tercera edición del Índice Europeo de Justicia Social (2014) ocupamos el puesto 21 de un total de 28 países de la UE y ni siquiera aprobamos (4,83). Eloísa del Pino hace un magnífico análisis en Agenda Pública de las consecuencias de este informe para nuestro país:
La primera dimensión analiza la capacidad de cada país para prevenir la pobreza. En este aspecto España queda en el puesto 19 de 28, habiendo empeorado respecto a las mediciones anteriores. El riesgo de pobreza en nuestro país se ha incrementado en 4 puntos (de 23,3 a 27,3) para la población general y es especialmente elevado en el caso de los niños (de 28,6 a 32,6). También se debe prestar atención a un dato que quiero destacar aquí especialmente: el riesgo de pobreza es el doble entre los niños que entre los mayores de 65 años en nuestro país.
El informe recalca los recortes en educación e I+D en España porque pueden hipotecar el futuro del país. Aunque en educación se alcanza el aprobado (5,3), nuestro país está por debajo de la media, en la posición 20 de 28. España destaca en negativo por la reducción de gasto en la educación pre-primaria y, aunque el impacto del origen social en el rendimiento escolar no es tan alto como en otros países, también ha empeorado desde 2008. Mantenemos el récord europeo en abandono escolar con la posición 28 de 28 y aunque este ha disminuido respecto a las mediciones anteriores es dudoso que se deba a medidas adoptadas desde el sistema educativo.
España se sitúa en el puesto 27 de 28 en las cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, habiendo empeorado no solo respecto a 2008 sino también a 2011. Mientras Alemania ha reducido el desempleo, España lo aumenta. Mientras España presenta una tasa de desempleo juvenil del 55%, Alemania solo alcanza al 8%. También tenemos más trabajadores pobres que la media, el triple que otros países. El trabajo temporal involuntario es del 92%, casi treinta puntos por encima de la media. Y quizá uno de los datos más dramáticos es el desempleo de larga y muy larga duración, más del doble de la media de la UE. A estos datos habría que añadir otro que no se recoge explícitamente en este informe pero que es cada vez más preocupante. Se trata del creciente número de ciudadanos sin empleo que carecen de cualquier tipo de prestación y del menguante presupuesto en prestaciones por desempleo (y políticas activas).
La dimensión de cohesión social y no discriminación trata de medir hasta qué punto el Estado es capaz de promover la primera y lograr la segunda. España ocupa el puesto 18 de 28, por debajo de la media, habiendo empeorado. No es nada que no supiéramos, ya que se denuncia constantemente, el crecimiento de la desigualdad en nuestro país cuyo coeficiente Gini alcanza el 33,7 situándonos en el puesto 25 de 28. También es conocida nuestra elevada tasa de Ninis (personas de entre 20 y 24 años que no trabajan ni participan en ningún programa educativo) que es una de las más altas de la UE, muy por encima de la media.
En materia de salud, como era de esperar, España sale mejor parada que la media de los países de la UE, ocupando el puesto 12 de 28 con una nota de 7 sobre 10. Es muy posible que nuestro país «viva todavía de las rentas» en este sector. La buena calificación no significa, sin embargo, que no exista margen para la mejora en algunos de los indicadores que se manejan como, por ejemplo, el de accesibilidad.
Finalmente, el informe incluye una interesante dimensión que se refiere a lo que denomina justicia intergeneracional que trata de medir hasta qué punto nuestras políticas actuales hipotecan el futuro de las generaciones más jóvenes. España ocupa en esta dimensión el puesto 23 de 28. En al menos cuatro de los indicadores que contempla, España está peor: ratio de dependencia, energías renovables, gasto en I+D y deuda.
Nuestra debilidad en las variables económicas del índice de bienestar reflejan la percepción de cómo se percibe el impacto de la crisis en la calidad de vida de las regiones, sin embargo, resulta peor ver las tendencias sociales que se dibujan en España como consecuencia de la crisis. Está claro que España no va bien en lo social y parece difícil, a corto plazo o medio plazo, que vaya mejor. El problema ni siquiera somos nosotros, es el mundo que nos rodea. La economía española es una de las que más crecen de nuestro entorno, sin embargo, las previsiones del FMI detectan un estancamiento económico europeo y la posibilidad de entrar en una nueva fase recesiva sino se cambia de política económica. Malos datos para una realidad que invitan al pesimismo. Es la hora de la política.
*Ángel Valencia es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga
