Derecho al crédito

El texto advierte que se trata de un documento de bases, elaborado con la intención de realizar un diagnóstico de la situación, así como de establecer las «líneas estratégicas de actuación y propuestas concretas de gobierno a llevar a cabo en el marco de una legislatura como parte de un proyecto de profunda transformación social». No se trata, pues, de lo que será el programa económico final de gobierno de Podemos, sino un punto de partida para la discusión y la elaboración de tal programa.

En lo básico, la esencia del documento está contenida en un libro del que también son autores Navarro y Torres, junto con Alberto Garzón, publicado en 2011, y titulado «Hay Alternativas». Dado que los mencionados profesores han colaborado, en distintos momentos, con otras fuerzas de la izquierda política, no es de extrañar que Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, haya señalado que las propuestas del documento presentado son las mismas que plantea la coalición que lidera.

Hay que dar la bienvenida a la publicación de este trabajo, que no era necesario en este momento, cuando todavía queda un año para las elecciones generales. Puede que tras el enorme éxito cosechado por Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo y el incesante ascenso en la intención de voto que le pronostican los sondeos, muchos más ojos se hayan parado sobre el contenido del «Documento Final del Programa Colaborativo» con el que Podemos se presentó a las europeas. Quizá por eso la recién elegida dirección de Podemos no ha tardado más que seis meses en cambiar su propio programa.

Podemos viene desarrollando una estrategia basada en explotar el enorme descontento de la gente. Los partidos políticos que hasta ahora han sido mayoritarios, tienen una elevada responsabilidad en la situación que vivimos. Además, los repetidos casos de corrupción no son más que un freno adicional al crecimiento económico y un buen caldo de cultivo para la desconfianza. Esto lo está rentabilizando Podemos. Lícito y lógico.

Se quejan de que ante la posibilidad de que accedan al gobierno, se está desatando una abierta y creciente hostilidad hacia sus propuestas y hacia los miembros más relevantes de su dirección. Toda acción provoca una reacción, tan lícita como la primera. Que Podemos pueda tener razón en sus críticas, no les exime de ser examinados, cuando los adversarios, o simplemente analistas independientes, estimen que existen razones objetivas para hacerlo. Lo importante no será si se les ataca o no, sino si lo que se dice es cierto.

Analizar todas las propuestas del documento requeriría mucho espacio; y no seré yo quien simplifique haciendo una descalificación generalizada. Me limitaré a algunos aspectos financieros.

Me resulta llamativo que se proponga que el crédito sea reconocido como un derecho con rango constitucional, con el argumento -erróneo en mi opinión- de que la financiación de la economía es un servicio «público» esencial.

La dimensión financiera es sustancial para el buen funcionamiento de la economía y, por tanto, tiene una importancia crucial para la sociedad. Una prueba es cómo la crisis financiera ha creado enormes perturbaciones, ha erosionado la cohesión social y ha provocado una distribución de la riqueza mucho más injusta.

Por ello el sistema bancario requiere de una profunda regulación y de una supervisión efectiva. Esto es lo que ha fallado y lo que ha provocado la situación en la que nos encontramos.

Pero un crédito más que un derecho es una obligación; convertirlo en un derecho, que pudiera hacerse efectivo obligatoriamente, sería introducir incentivos perversos que fácilmente podrían desembocar en quiebras bancarias. El infierno está lleno de buenas intenciones.

Para garantizar, en la práctica, el derecho al crédito, los autores del documento formulan distintas propuestas. Una de ellas dice literalmente: «debe mejorarse el funcionamiento del ICO para que los préstamos que recibe del BCE se produzcan en las mismas condiciones que la banca privada, y pueda así asegurar que la financiación llegue a las pequeñas y medianas empresas y a las familias».

La redacción me resulta incomprensible porque el ICO ya se financia del BCE como cualquier banco privado español, esto es, en las mismas condiciones. Además, que financie directamente a empresas y familias no depende de ello, sino de su operatividad. Tengamos en cuenta que cuando, bajo una enorme presión, a final de la anterior legislatura, se cometió ese error, el resultado fue una tasa de morosidad que casi triplicaba a la muy elevada media del mercado. Eso es lo que -mal gestionada- puede suceder con una banca pública.

Intentar que, en un plazo razonable, fluya el crédito mediante la creación de bancos públicos y de bancos ciudadanos es parecido a encomendarle a la Virgen del Rocío el fomento del empleo. En materia financiera, desde luego, no me parecen muy atinadas las propuestas de Podemos, que también aboga porque el BCE pueda financiar directamente a los gobiernos, algo que todos los bancos centrales de los países avanzados tienen expresamente prohibido. Eso se hacía en la España de Franco.

Con todo, lo más preocupante en esta materia es el nivel de inconcreción sobre la pertenencia de España al área euro. El documento describe muy bien las limitaciones institucionales asociadas al nacimiento de la moneda única y las negativas consecuencias que de ello se han derivado. Corregir tales defectos exige un grado de integración política muy superior, lo que es inviable a corto plazo y, además, exigiría una cesión adicional de soberanía que rechazan. ¿Qué sucederá si en una legislatura no se producen los cambios necesarios entorno al euro? Es esencial que Podemos diga a los españoles si, conservándose las limitaciones reales que denuncian, mantendría a España en el euro o, por el contrario, lo abandonarían.

Siempre existen alternativas, unas mejores y otras peores.

*Juan Antonio Gisbert es economista