Fue aprobarse en solitario por el PP la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y venírseme a la cabeza un titular del diario franquista Arriba de hace más de 60 años que decía: «El Gobierno usará del rigor de la Ley contra quienes directa o indirectamente perturban el Orden, la Paz y la Unidad». Creía que mis ojos no volverían a ver tal cosa.
Escribo esta columna desde mi más profundo rechazo personal y conciencia cívica a semejante tropelía del Gobierno, no ya como militante de UPyD, o como abogado acostumbrado a bregar con leyes; sino como ciudadano de a pie y demócrata convencido de que la libertad y los derechos sólo pueden nacer para crecer y robustecerse con cada año que transcurra, con cada reforma aprobada o la promulgación de una nueva norma.
La redacto y lo digo sin ambage alguno, para pedir a quienes la lean, voten a quien voten; militen en el partido que militen; e incluso a quienes en su momento votaron al Partido Popular que, por el bien de esta democracia que tanto nos costó construir, demos en esta ocasión un zapatazo firme en el suelo para decirles a quiénes pretenden acallar la protesta ciudadana contra sus políticas antisociales con multas desorbitadas que en algunos casos pueden alcanzar hasta los 600.000 €, que de la calle que es nuestra, a nosotros, la gente, no nos van a echar.
Por responsabilidad: Para con nosotros mismos y los que vendrán. Por dignidad: Porque es literalmente imposible apretarnos el cinturón y que al mismo tiempo quieran que nos bajemos los pantalones. Por seguridad: Porque las garantías jurídicas que también se esfuman suponen un peligroso precedente de lo que, si nos quedamos quietos, aún esté por llegar.
Y sobre todo por pundonor nacional, habida cuenta que hasta la prensa europea como el británico The Guardian, los alemanes Die Tageszeitung y Der Spiegel, o el italiano Il Giornale, se han escandalizado ante el contenido de la norma, las conductas que castiga y lo desproporcionado de las sanciones económicas previstas, pues hablan literalmente de «camino a la dictadura», y «amenaza a la democracia».
Si primero llegaron los recortes en sanidad, educación, dependencia y demás; ahora que la tijera apunta directamente a nuestros derechos y libertades, llega el momento de gritar un contundente NO.
Las prestaciones sociales debían ser intocables, pero estos derechos y libertades son absolutamente sagrados con la Constitución que nos dimos.
El sábado, en más de 30 ciudades españolas la gente se echó a la calle a protestar contra lo que es una poda del ejercicio de los derechos fundamentales a manifestarnos, expresarnos, y poder exigir a nuestros dirigentes que cambien unas políticas que nos están asfixiando. Precisamente lo que caracteriza a una democracia fuerte y sana. Esta Ley no protege al ciudadano. Protege al Gobierno de la gente que ya no quiere callarse más.
No puede legalizarse una vulneración del art. 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; no puede pasar sin más una contravención de la Convención de Ginebra, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Jurisprudencia al respecto emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En su intervención parlamentaria para oponerse a su aprobación, Toni Cantó, de UPyD, acertó al decirles a los miembros del Ejecutivo que «estaban errando el tiro». «Son los gobernantes (les recordó) los que están bajo sospecha. En ningún caso los ciudadanos que han aguantado años de recortes y corrupción generalizada con una paciencia y una madurez extraordinarias».
Toda la oposición y organizaciones como Avaaz, No Somos Delito, la PAH, Greenpeace, SOS Racismo, la Asociación Libre de Abogados, el Sindicato de Estudiantes y más de 70 colectivos sociales rechazaron ante el Congreso esta reforma que en solitario, una vez más, ha aprobado el PP por su cuenta.
La cuestión no es baladí y, sirva como ejemplo, que ahora se castigará la solidaridad espontánea que muchos españoles han mostrado ya para, en el portal de su bloque, evitar desahucien a un vecino.
Se sancionará instalar tiendas de campaña en la calle a modo de protesta: ¿Cuántos trabajadores han recurrido a este medio para oponerse a un despido colectivo en estos últimos 30 años?. ¿Y enfermos pidiendo Justicia? ¿Y afectados por una estafa colectiva?
Se castigan los encierros en lugares públicos y recordemos que, precisamente hoy, 32 enfermos de hepatitis C permanecen encerrados en el Hospital 12 de Octubre como protesta ante la denegación de un medicamento que podría salvarles la vida.
¿Es así como se legisla en Democracia? ¿La Democracia que queremos? ¿Nos vamos a quedar quietos? Si en alguien confío a día de hoy es en la gente. Por eso os espero en la calle, protestando y haciendo ruido, sin mordaza alguna, hasta dejarles sordos y no tengan más remedio que dar marcha atrás. A todos.
@ManuelHuertas75
