El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, quiere abrir una «reflexión» sobre las violaciones del secreto sumarial, y en esta «reflexión» sitúa la hipótesis de sancionar a los medios de comunicación que recojan tales filtraciones. Ya estamos: cuando al gobernante se le descontrolan las cosas, la culpa es de los periodistas que lo cuentan.

Esta es una constante que atraviesa todo el espectro político, de derecha a izquierda, y penetra en todos los niveles de lo público, del más pequeño de los ayuntamientos en el más poderoso de los organismos internacionales. Cuando el gobernante está en precario, se muerde la lengua, pero si se nota fuerte y poderoso porque tiene detrás una mayoría absoluta, o porque está demasiado acostumbrado a que le den la razón, entonces se descara y emprende la cacería del periodista díscolo y filtrador.

En el caso del ministro Catalá, su «reflexión» lleva implícita una confesión: su incapacidad -suya como cara visible, pero en realidad, la incapacidad de todo el aparato llamado Estado español- para hacer que la Justicia cumpla la ley. La incapacidad de evitar que las declaraciones, las pesquisas, las pruebas físicas y documentales, las diligencias y resoluciones, en fin, todo lo que sucede durante la construcción de un sumario declarado secreto, sea de dominio público en ocasiones a los pocos minutos. La incapacidad de detectar y tapar los agujeros y las grietas que convierten el secreto sumarial en papel mojado. Una incapacidad que, desde la desconfianza, se podría asociar a los beneficios que conlleva la capacidad de filtrar a la hora de planear estrategias no sólo jurídicas sino políticas.

Cuando las cámaras de televisión y los fotógrafos llegan al escenario de un registro o de una detención antes que la policía y los agentes judiciales es porque a alguien le interesa mover este revuelo. Y ese alguien está en situación de conocer la acción antes de que se lleve a cabo. ¿Quién responde a este perfil? No mucha gente. No sería difícil investigar la fuente del aviso. Tampoco debería ser imposible detectar a los filtradores de secretos sumariales, si la Justicia española fuera una administración seria y bien estructurada, y si realmente todo el mundo tuviera ganas de hacerlo. Pero no es así, porque en esta salsa todo el mundo moja pan. Por lo tanto, intentan meter miedo a los medios informativos, como si los ciudadanos no tuvieran mil maneras de informarse al margen de los canales tradicionales.

¿O van a crear tal vez una policía de las redes sociales, para sancionar a los desconocidos autores de las miles de informaciones que circulan sin que ningún secreto sumarial las detenga?