Explicar la problemática del taxi en estos momentos no es tarea fácil cuando muchos mensajes que le llegan a la ciudadanía están cargados de intereses, pero se trata de una labor necesaria para un sector cuya imagen viene lastrada por años de tópicos y de mala fama.
El taxi es un servicio público, y como tal ha sido reconocido recientemente por el Tribunal Supremo. Existe en nuestras ciudades desde hace mucho y proporciona trabajo y sustento a más de 100.000 familias de forma directa y a muchas más de forma indirecta, si tenemos en cuenta todos los sectores que le dan servicio. El taxi no está en contra de la competencia: somos, para empezar, autónomos, y como tales, cada uno es una empresa que compite contra las demás, pero además existen en nuestras ciudades muchas otras formas de transporte público y privado con las que el taxi ha convivido sin ningún tipo de problema desde hace décadas.
La situación actual en la que se encuentra el sector no viene dada por tanto por una supuesta falta de renovación, dado que el taxi utiliza gestores de flota desde hace mucho tiempo y aplicaciones para darle servicio al cliente que ya empiezan a ser conocidas por el público. También es un tópico achacarle la antigüedad de los coches o la falta de preparación de sus conductores cuando éstos últimos son buenos conocedores de la ciudad y han tenido que pasar exámenes preparatorios por parte de los municipios en los que trabajan; la flota del taxi, a nivel nacional es la que más cantidad de coches híbridos tiene frente a otras empresas que hablan de modernidad pero el 95% de sus vehículos son diesel. El problema actual es mucho más sencillo que todo eso: las licencias que habilitan al taxi se rigen municipalmente y suponen una carga de normativas que afectan a descansos, horarios, impuestos y muchos más aspectos, mientras que las tan ahora conocidas autorizaciones VTC son otorgadas por las comunidades autónomas por delegación del Gobierno y su régimen fiscal y normativo es mucho menos controlador.
Hasta ahora los coches que funcionaban con autorización VTC y los taxis habían convivido sin problema dado que su área de trabajo y su clientela eran diferentes pero aprovechándose de los vacíos legales que han dejado los últimos cambios de legislación sobre el transporte terrestre, una serie de empresas multinacionales por todos conocidas están utilizando la autorización VTC para efectuar transportes urbanos muy similares a los del taxi con la diferencia de no estar tan regulados como éste. Eso es lo que entendemos como competencia desleal. Si esa competencia incumple las normas de cantidad que el Tribunal Supremo ha dictaminado que son justas, si pueden moverse por todo el territorio nacional dependiendo de dónde esté el trabajo mientras que tú solo puedes cargar en tu pueblo o ciudad, si no está regulado que seguro deben tener, bajo que condiciones deben trabajar o captar clientes y pagan sus impuestos con notables ventajas en paraísos fiscales, esa supuesta competencia sólo servirá para que un servicio público desaparezca y entonces sólo quedarán estas empresas privadas, cuando sea un verdadero monopolio, aumentan sus precios hasta la exageración cuando más necesidad tenga la gente de moverse. Todo lo demás que pueda decirse sobre el tema es caer en tópicos caducos: ¿mercado negro de licencias? Un taxista, como cualquier bar o negocio traspasado lo hace según valor de mercado al cabo de 30 años de trabajo y pagando impuestos por esa compra venta privada. Especulación no es, por tanto, mientras que autorizaciones VTCs expedidas a 36 euros hace tres días son vendidas en portales de Internet a más de 60.000 al día siguiente. Eso sí lo es. El taxi tiene ahora mismo una flota joven de conductores, sobradamente preparados, dado que muchos de ellos terminaron en este trabajo durante la crisis viniendo de otros sectores. Paga sus impuestos en España, sin trampa ni cartón, según lo que establece la Ley, y ningún taxista es más rico que un tendero o cualquier otro autónomo. Todo el que tiene que presentar su IRPF en Enero sabrá a qué me refiero. Lo que no tenemos es la cantidad de dinero para marketing que nuestra nueva competencia tiene. Y eso hace mucho. Quizás si su modelo de negocio no se basara en artimañas fiscales y falta de regulación, podrían hacer menos campañas mediáticas.
Solo pedimos eso: una regulación justa, amparada en una sentencia del supremo que valida nuestra utilidad y la necesidad de reglamentar la actividad de estas multinacionales. Y lo hacemos de la forma que cualquier colectivo tiene para hacerlo: la manifestación, la protesta. No somos diferentes a los sanitarios, los estibadores, los abuelos que reclaman pensiones justas, los bomberos, las limpiadoras de piso, o cualquier otro colectivo que ha visto en estos años como tenía que seguir cargando sobre sus espaldas el peso de la contribución al estado de bienestar mientras empresas voraces privatizaban cualquier sector para a continuación explotar a los trabajadores de esas nuevas formas de 'economía', que son las mismas de siempre, enriqueciendo a unos pocos a costa de los demás, pero disfrazadas de amabilidad, de chaqueta, corbata, y botelln de agua.
Regulación justa. Sólo pedimos eso. Y no parece mucho, pero lo es todo. Y después, que el cliente elija. Pero en igualdad.
*Jesús Báez es del Grupo de Movilización de la Costa del Sol
