Vivir en una mercería

No es fácil solucionar el problema de la vivienda y menos aún solucionar el problema de la vivienda de los demás. Curiosamente, es en este segundo supuesto cuando aparecen las ideas más creativas (incluso delirantes) y el desparpajo se transforma en decreto ley. Si tu sueño siempre ha sido vivir en la pequeña zapatería de la esquina cerrada hace dos décadas y disponer de una única ventana a la calle, si tu aspiración consiste en fundar una familia en una cochera reformada, si lo que realmente anhelas es habitar un piso de dimensiones reducidas y dormir toda tu vida en una cama de 90, bienvenido a nuestra comunidad autónoma de Baleares. Estas soluciones para la emergencia habitacional que sufren algunos no impedirán seguir vendiendo casas, casoplones y propiedades a europeos adinerados que puedan pagar sus costes exorbitantes, o alquilarlas a turistas por semanas o como segunda residencia para que estén casi todo el año vacías, que aquí no somos comunistas sino defensores del libre mercado. Me pregunto qué hubiera pasado si los redactores de esta nueva normativa que permitirá elevar las plantas en edificios de zonas congestionadas, reconvertir locales comerciales, añadirle unos tochos aquí y allá a los inmuebles protegidos, hacer minipisos para los pobres y demás regalos envueltos con el lazo de «precio limitado», que ya veremos en qué cantidad exacta queda, si estos imaginativos urbanistas estuvieran buscando ellos un lugar para vivir, en propiedad o en alquiler, con cierta prisa o desesperación. Harían lo mismo que los arquitectos que proponen transformar contenedores marítimos en apartamentos, que es buscar un lugar normal y corriente, convencional y de toda la vida, con luz natural y los metros suficientes para no tropezar todo el tiempo con las cajas de la ropa de la temporada pasada. Me pregunto cuántos de los miembros del Gobierno, sus asesores y cuadros de mando, habitan apartamentos enanos como los que patrocinan para la clase media y trabajadora. No lo sabemos, ni lo sabremos ahora que el Govern va a declarar información reservada el patrimonio de los servidores públicos en un alarde de transparencia.

Si para la derecha menos es más en cuanto a confort habitacional, en lo relativo a servicios más es lo mismo. A un tiro de piedra de donde vivo se han reconvertido los bajos de un edificio en varias viviendas, alguna con piscina propia, y puesto a la venta en carteles multilingües por cifras que rondan o superan el millón de euros. Antes albergaban una tienda y un taller. Tiraron la panadería para construir pisos, demolerán el estudio de cocinas y han cerrado el bar con idéntico fin. La nueva rentabilidad que van a proporcionar los locales comerciales tristemente extintos hará languidecer todavía más la vitalidad de los barrios y de muchos pueblos, y abocará a sus habitantes hacia los centros comerciales en sus vehículos particulares. A las personas mayores les quedarán las farmacias resistiendo el embate inmobiliario, una suerte. Por su lado, las zonas superpobladas en las que se incremente la edificabilidad recibirán un suplemento de población sin que se hable de crear más plazas escolares, sanitarias o nuevas zonas de esparcimiento. No están redactados los decretos de medidas urgentes para reparar las consecuencias de sus propuestas, a eso se le llama gobernar pensando a medio plazo e incluso en el futuro. Y ahora no toca.

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