Siempre pagan las mismas

Las personas más vulnerables de nuestra ciudad, como el resto de vecinas y vecinos, tienen derecho al cuidado y la protección de los poderes públicos, incluidas las administraciones locales. Sin embargo, en la reciente modificación de la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, el pleno municipal no introdujo cambios en los aspectos más lesivos de esta norma que, desde hace más de una década, penaliza económicamente a personas en extrema vulnerabilidad.

Con la aprobación de esta modificación, impulsada por el Consistorio con el fin de sancionar determinadas conductas derivadas de la masificación turística, el ayuntamiento malagueño ha perdido una gran oportunidad para revisar una normativa municipal que perjudica a vecinos y vecinas de Málaga en situación de exclusión social.

La ordenanza prevé sanciones económicas para las conductas tipificadas como inapropiadas en el espacio público, como el ejercicio de la prostitucion en la calle, lo que supone una revictimización para las mujeres que están en esta situación, ya de por sí muy vulnerable. De hecho, en los últimos años, la mayor parte de las multas contempladas en el artículo 35.5 viene recayendo fundamentalmente en estas mujeres. Otras sanciones que establece esta norma pueden afectar, como una espada de Damocles en forma de multa económica, a personas en situación de grave exclusión social, como hombres y mujeres sin hogar o con problemas de salud mental grave.

No deja de ser paradójico, además, que las sanciones previstas en la modificación de la norma para conductas relacionadas con la explotación turística, como las despedidas de soltero, sean más benévolas que las que afectan a personas en situación de grave exclusión social. Y es que mientras las primeras cuentan con el beneficio, antes de la tramitación de la sanción, de una «reprimenda» previa de la policía municipal, las personas más vulnerables son multadas de forma inmediata, con el perjuicio y el agravamiento de su situación que esto supone. Las conclusiones son evidentes. El turismo se beneficia de la condescendencia municipal, mientras se continúa castigando la pobreza. Una vez más, desgraciadamente, vuelven a pagar las mismas.

Durante el trámite de información pública, nuestra entidad, Málaga Acoge, presentó unas propuestas de modificación de la ordenanza con la intención de incorporar a la misma, desde un enfoque de derechos, mecanismos para atender la realidad social de las personas más excluidas de nuestra ciudad.

Por ello abogamos, y así lo planteamos en nuestras alegaciones, por la eliminación de las sanciones económicas que pudieran padecer estas personas debido a la aplicación de la norma municipal. Las multas económicas deberían ser sustituidas por información, apoyo y acompañamiento a los programas y servicios sociales municipales correspondientes, así como por la adopción de medidas alternativas adecuadas y adaptadas a su realidad y circunstancias sociales.

La penalización económica no puede ser la única respuesta municipal para los y las vecinas de Málaga en situación de exclusión porque las convierte en víctimas dos veces. Hay que buscar caminos de apoyo real, como puede ser el acercamiento a los programas especializados de los servicios sociales municipales.

Es lamentable que el pleno aprobase la modificación de la ordenanza sin tener en cuenta nuestras alegaciones y sin dar, ni siquiera, la oportunidad de que éstas fueran debatidas por los grupos municipales y las entidades sociales. Además, la modificación de esta norma hubiera sido un momento muy oportuno para incorporar a la norma el rechazo municipal a conductas relacionadas con la exaltación al odio, el racismo o la aporofobia o contrarias a la igualdad de derechos.

A pesar de que ha sido una oportunidad perdida, no queremos dejar de hacer un llamamiento a los grupos del pleno municipal para que aborden durante esta legislatura, junto con las entidades sociales de la ciudad, una nueva modificación de esta ordenanza.

Es imprescindible cambiar esta normativa para que, atendiendo a un enfoque de derechos y de género, sea un instrumento real en favor de la convivencia y la cohesión social de nuestra ciudad.

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