Tiempos de zozobra

En tiempos de zozobra, mejor no hacer mudanzas. Más o menos esto vino a decir San Ignacio. Una sentencia ésta que convendría tener en cuenta en nuestro país, necesitado de afrontar los problemas con el rigor y la moderación que merecen aquellos que están enquistados desde hace decenios y que no pueden resolverse a golpe de pactos movidos por objetivos apremiantes.

Cataluña y en general el nacionalismo están ahí, presentes, exigiendo un respuesta definitiva o, al menos, suficiente para aunar las diversas sensibilidades que confluyen derivadas de sentimientos profundos que se mueven en direcciones no siempre confluyentes en un mismo resultado. Y esa respuesta, que debe buscarse con consenso, no puede ofrecerse en dos meses alentada por necesidades inmediatas. Un error éste que puede llevar a complicar más las cosas y, como estamos viendo, a una radicalización de posturas enfrentadas, a la imposición de una parte sobre la otra y a la exaltación de las diferencias, silenciando lo común y compartido. Es demasiado complejo lo que se demanda, un cambio del modelo territorial en profundidad, para ser abordado con ligereza interesada.

A nadie le cabe duda de que la amnistía y el posible referéndum o consulta, no se hubieran ofrecido de no resultar necesarios los votos de los nacionalistas para conformar un gobierno. Si el PSOE hubiera alcanzado los votos para gobernar sin precisar apoyos de ciertos partidos, no se hablaría del problema catalán, ni se estaría discutiendo sobre dichos asuntos. Negociar sobre los mismos con tal premura y contraprestaciones no es la vía adecuada y las consecuencias inevitables pueden predecirse sin mucho esfuerzo.

Junto a las urgencias de Sánchez, confluyen las de los diversos partidos nacionalistas catalanes y vascos: PNV y Bildu por un lado y Junts, ERC y PSC, por el otro lado, que compiten por los mismos espacios electorales, ofreciendo o reivindicando lo que estiman favorece sus posiciones.

Y así, entre unos y otros, en semanas, se pretende por todos afrontar un problema secular, con precedentes que no parecen tomarse en consideración en sus consecuencias y sin, de verdad, buscar la solución más adecuada.

Lo político, además, se quiere alzar sobre lo jurídico, sobre lo constitucional, desconociendo que la ley y los tribunales, en un sistema democrático, controlan al gobierno. Judicializar no es otra cosa que aplicar la ley. No aplicarla es autoritarismo y arbitrariedad. Desjudicializar parece significar en manos de algunos políticos, exaltar la impunidad de quienes están más obligados a someterse a una ley que, no se olvide, no la confecciona el Poder Judicial, sino aquellos que luego quieren desconocerla.

Aprobar una ley de amnistía por razones políticas inmediatas no es el camino.

Parece que se ignora que ya se ha producido una amnistía. Se hizo con la derogación de la sedición y la reforma a la baja de la malversación. Eso sí, tales supresiones de delitos se hicieron para todos los casos y personas, de forma congruente con los pilares de un sistema democrático. Y fue el Poder Legislativo el que asumió la decisión, sin imputar al Judicial que aplicara un Código Penal vigente, como hizo en los sucesos de octubre de 2017.

En un Estado de derecho el Poder Legislativo puede no tipificar ciertos hechos como delito o suprimir otros, pero nunca para sujetos determinados en detrimento de los demás que han cometido hechos similares. Se juzgan los hechos, no las personas, cual sucede en el denostado derecho penal de autor. Y es que la amnistía se reduce a eso: un privilegio personal, que encierra desigualdades y que entra en conflicto con la igualdad objetiva. La amnistía, pues, inmediata, es dudosamente constitucional porque atiende a criterios que atentan a la igualdad y enjuicia las conductas en razón de las circunstancias personales, no de los hechos cometidos. Y todo se complica cuando se necesita al amnistiado para obtener un beneficio o contraprestación a cambio de inferir daños al sistema. Amnistiar delitos que el legislador puede, sencillamente, derogar, es incompatible con el modelo por el que nos regimos y supone retroceder en el marco de las libertades y derechos, que son de todos, no de unos en detrimento de otros por motivaciones muy determinadas.

Sería muy positivo que la clase política, sin exclusión, derecha e izquierda, con la serenidad exigible, abandonaran posiciones radicales y tomaran conciencia de la necesidad de sentar las bases de una solución para el nacionalismo, hasta donde fuera posible y, sobre todo, útil y beneficioso para los ciudadanos, no para los políticos y sus acuciantes ambiciones.

Que no habrá independencia es una evidencia que todos conocen y asumen, aunque la disimulen. No sólo porque el independentismo es minoritario en sus lugares, sino porque es un imposible en el marco de una Europa de la que irse es caro y perjudicial. Abandonar ese discurso es obligado. España no se va a romper por ahí. Todo, pues, se reduce a la economía y ahí, de verdad, la izquierda debería jugar un papel muy distinto al que juega ahora favoreciendo lo que históricamente fue conservador: la diferencia por el lugar, no por las personas, la solidaridad por encima de todo, la igualdad como principio rector. Vender como progresista lo que es reaccionario es lo que deberían pensar quienes viven en la adhesión, no en el convencimiento o en la confrontación. Abandonar tales adhesiones inquebrantables podría servir para clarificar lo que está oscurecido bajo calificativos manoseados y excesivamente provisionales.

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