Inmigración: ¿ejemplo Meloni?

El pasado fin de semana Giorgia Meloni presidió el encuentro anual de los jóvenes de Hermanos de Italia. La prensa española destacó la participación de Abascal, el líder de Vox. Pero la de Rishi Sunak, primer ministro británico, y de Elon Musk, el dueño de X, fueron más significativas. Y Meloni, que ya ha puesto en el congelador sus ideas sobre la UE, reconoció que no ha logrado su gran objetivo -el stop a la inmigración- que atribuía a la pasividad de los gobiernos anteriores.

Subió al poder a finales de 2022, cuando llegaron a Italia -con gran escándalo para ella- 99.000 inmigrantes que pedían asilo, y en los 11 primeros meses de este año, pese a las trabas a las oenegés que rescatan inmigrantes en el mar, son ya 154.000. Un 55% más. Meloni reconoció que la inmigración es el fenómeno más complejo que ha visto nunca y, por presión de las empresas, ha tenido que dar nuevos permisos de trabajo a inmigrantes. Pero no recula: «Hay un problema demográfico, la población envejece, pero la solución no es la inmigración, como dice la izquierda, sino que las familias italianas tengan más hijos». Musk aplaudió.

Italia no es una excepción. Europa necesita inmigrantes. La tasa de paro está en un mínimo del 6,2% mientras que los puestos de trabajo vacantes (falta de mano de obra) alcanzan ya el 2,9%. En el 2022 se dieron 3,4 millones de permisos de residencia, pero la inmigración ilegal se ha disparado (ahí está Canarias) y sectores de la población creen que la inmigración es ya excesiva y reaccionan votando a la extrema derecha que cree -como Meloni antes- que el garrote funciona.

Pasó en Italia en 2022, este noviembre en Holanda con la victoria de Wilders y la extrema derecha sube en Austria (primer partido en las encuestas), Alemania (segundo partido), Francia (donde Marine Le Pen puede ganar las europeas, como hace cinco años)… Y el fenómeno preocupa más porque coincide con una desaceleración económica (Alemania está en recesión suave) que puede aumentar la conflictividad justo antes de las elecciones europeas del próximo junio.

Por eso Macron hizo aprobar el martes una nueva ley -pactada con la derecha- para encuadrar la inmigración y, al mismo tiempo, facilitar su acceso a puestos de trabajo. Pero Marine Le Pen -en una hábil maniobra política para ganar centralidad- también la ha votado (aunque se oponía), lo que ha provocado una crisis en el gobierno de Macron, cuya ala izquierda ya era reticente a la ley. Y aún más con la vergonzosa coincidencia en el voto con Le Pen. Y la propia primera ministra, Élisabeth Borne, admite que algunos artículos pueden ser inconstitucionales.

Para ‘encauzar’ el problema, los 27 países de la UE llegaron el miércoles a un pacto que se negociaba desde 2016, tras la gran llegada de inmigrantes de 2015, que Merkel acogió y que luego intentó frenar dando fondos a Turquía para contener el movimiento. Este pacto, que todavía debe ser aprobado por el parlamento europeo y ratificado por los estados, no será la solución sino un esparadrapo. Pone más dificultades a la inmigración ilegal -lo que irrita a las oenegés-, pero a cambio hace que todos los estados tengan que ser solidarios con los del sur (Grecia, Italia y España) que por su geografía son los grandes receptores. Y caso contrario -no acogerlos-, tendrán que pagar una compensación de 20.000 euros por inmigrante rechazado.

Es el gran problema de Europa. Necesita más inmigración, pero es muy difícil de ‘encauzar’ porque nace de la necesidad en los países pobres y del gran contraste (la televisión lo muestra) con la vida en los países ricos. Pero parte de la población de la UE reacciona contra lo que cree una excesiva presencia de gentes de otras razas, culturas y religiones. Y los gobiernos no la logran controlar (ni con mano dura), y además la necesitan para su industria y servicios sociales.

En España -quizás por la presencia de muchos sudamericanos con la misma lengua- el conflicto parece menos agudo que en Italia, Francia y otros países. Pero lo tenemos. Vox existe. Y afrontarlo exigiría una fuerte cooperación del gobierno Sánchez con las CCAA gobernadas por partidos muy distintos, desde el PP al nacionalismo canario, vasco y catalán. Y esta entente ya se nota a faltar.

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