El director general de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras, reconoció ayer que el Gobierno tuvo «la sensación» al principio de que la reforma de la Ley de Libertad Religiosa era «muy fácil» pero ha optado por retrasarla, al descubrir que es un tema «complejo» y que causa «ondas expansivas». El Ejecutivo anunció que no modificará este año el texto que regula este ámbito desde 1980 pese a que su intención era haberlo hecho antes del verano, algo a lo que le instó el Congreso en mayo.

Contreras, que ha participado en los Cursos de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid, forma parte de la Comisión que elabora un borrador legislativo que, entre otras cosas, elimina los crucifijos y los funerales católicos de la vida pública. «Cuidado con la premura, es absolutamente compleja la cuestión; a veces el Gobierno pensó que esto era sencillo, y nos hemos encontrado con que es mucho más complicado y por eso el retrasarlo», ha confesado.

El Ejecutivo, a su juicio, «tuvo la sensación de que esto era muy fácil» porque se trataba de cambiar ocho artículos de una Ley, «pero no es así, esto no es cuestión de una noche», reconoció el director general. «No es algo aislado, es transversal, si movemos algo aquí puede tener una repercusión en el otro extremo, y hemos visto que hay que tener en cuenta todas las ondas expansivas», argumentó. Aunque algunos pueden pensar que da igual prohibir el burka «si se da un paso luego puede venir otro» y, como ejemplo, ha apuntado que un pueblo español, del que no ha querido dar el nombre, quiere proponer al consejo municipal que no haya mezquitas en su seno. Se ha referido a otros temas que pueden generar conflictos, como que se reconozca la Seguridad Social, la nacionalidad o el derecho al desempleo a los ministros de culto de otras religiones.

Acuerdos con el Gobierno

«Hay que hablar con los partidos políticos y con las confesiones antes de meternos en un lío», declaró. El profesor aventuró que podría haber conflictos si no se soluciona «pacíficamente» esta cuestión. «Si nos equivocamos, las consecuencias pueden ser muy negativas», enfatizó. Contreras informó ayer de que la renovada ley dará un «estatus jurídico» a aquellas confesiones de «notorio arraigo» con las que actualmente no mantiene acuerdos el Gobierno. Se trata de que otros grupos puedan gozar de las exenciones fiscales y de otros derechos, como que sus ministros tengan acceso a la Seguridad Social, algo de lo que sólo se benefician actualmente los católicos, los evangélicos, los judíos y los musulmanes.

El Ejecutivo quiere «objetivar», según Contreras, el arraigo de las religiones en función de criterios como su ámbito de actuación, el número de creyentes, la presencia histórica o su actividad social.