Segundo día de la aplicación de la nueva ley del aborto, y siguen las confrontaciones. Sin embargo, la rebelión inicial de varias comunidades del PP fue ayer suavizada desde la dirección del partido, que entiende que la norma «está en vigor y es aplicable». Murcia, eso sí, sigue en sus trece y seguirá el ejemplo de Navarra, región liderada por UPN: derivará a otras comunidades autónomas a las pacientes de esta región que quieran interrumpir sus embarazos porque este servicio sanitario no se practica en los hospitales públicos, y la nueva ley del aborto ha dejado en suspenso los conciertos con las cinco clínicas privadas que existían hasta ahora.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, hizo un llamamiento a la responsabilidad de las autonomías que mostraron su resistencia a aplicar la ley del aborto y ha asegurado que en el caso de que éstas no rectifiquen, el Gobierno «pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos» para hacer efectiva la norma. Aído calificó la actitud de los gobiernos de estas autonomías de «irresponsable» y al PP, de «partido marginal y antisistema».
En este sentido se expresó la Junta de Andalucía. La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, manifestó que causa una enorme sorpresa que haya comunidades dispuestas a no cumplir con la nueva norma, que es «perfectamente válida»: «Es algo que no puede tener cabida en un Estado de Derecho porque el Boletín Oficial del Estado (BOE) no es un menú a la carta, sino que es de obligado cumplimiento en todo momento para todos los españoles y para todas las comunidades».
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Precisamente, desde las filas populares Sáenz de Santamaría quiso rebajar la tensión del día de estreno de la ley del aborto –en el que hasta cuatro comunidades plantearon en términos más o menos contundentes su oposición a la aplicación de la norma–, y fijó la postura del partido.
Así, Sáenz de Santamaría pidió al Tribunal Constitucional que tenga en cuenta «la petición de suspensión cautelar que se está tramitando» desde su partido. Además, la portavoz instó al Gobierno a hacer «una reflexión» en torno «a la falta de información y acuerdo» existente con las comunidades autónomas y los profesionales y apuntó que la tramitación tendría que haber sido «más consensuada».
La Abogacía del Estado pidió al Constitucional justo lo contrario, el rechazo de la suspensión cautelar solicitada por los populares. Su argumento: «Se trata de una ley aprobada por las Cortes Generales». Este ente, además, hizo hincapié en que el TC ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre solicitudes análogas a la presente, «denegándolas» y reclamó al partido liderado por Mariano Rajoy que eche marcha atrás en su intento por frenar la ley.
