"La ayuda a la Dependencia llega ahora, 5 años después de morir mi madre"

Hace 7 años que F. G. y su hermano, solicitaron la ayuda de la ley de Dependencia para su madre. A la mujer, en el grado más alto de dependencia (grado III) sus hijos le pidieron 287,64 euros al mes por la ayuda de cuidador no profesional, una de las más demandadas por las familias. Siete años después, F. G. recibirá más de 6.300 euros por ese dinero al que su madre tenía derecho y que no recibió jamás. De hecho, su madre falleció hace 5 años y su hermano, hace 2.

Ahora, un juez le da la razón y condena a la Comunidad Valenciana a indeminar al hombre tras una reclamación de responsabilidad patrimonial al considerar que la Administración tuvo una "excesiva demora en la tramitación y aprobación de las ayudas de la Dependencia, que le generó a la parte actora un perjuicio evidente". Y es que la Conselleria ni tan siquiera fue a valorar a la mujer.

Sin embargo, no es dinero lo que perseguía F.G. El hombre explica a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, que lo suyo era una "cuestión moral" ya que "los ciudadanos debemos atender los pagos. Debemos atender las obligaciones con la Administración, pudiendo o sin poder. Pues la Administración también debe cumplir. A saber la de personas como yo, la de familias que se acogen a una ley, solicitan la ayuda y ahí se quedan. Son personas mayores y el tiempo juega en su contra. No es ni lógico ni digno. No se puede dejar a expensas de que se selle el expediente", explica el hombre.

F.G. y su hermano estaban convencidos de que a su madre, por ser viuda de trabajador autónomo, no le correspondía ningún tipo de ayuda. Por eso, cuando solicitaron la ayuda a la Dependencia lo hicieron con la esperanza de quien confia en una prestación para una mujer muy dependiente que necesitaba ayuda en la recta final de su vida. Dos años después, la ayuda seguía sin llegar y la mujer falleció. Era agosto de 2018. F.G. y su hermano se indignaron. "Pero mi hermano fue quien decidió seguir con el proceso porque consideraba muy injusto que mi madre hubiera fallecido sin recibir la prestación. Yo también estaba indigando pero por mi carácter, por mi forma de ser, soy mucho menos beligerante. Al final presentamos la reclamación patrimonial", explica el hombre.

El silencio por respuesta

De la Administración solo obtuvieron silencio. El tiempo pasaba y no había respuesta. En ese tiempo de espera, el hermano de F.G. también falleció por enfermedad grave. Fue en el año 2020 y F.G. se sumió en una profunda tristeza. Fue entonces cuando a F.G.le hablaron de una abogada. "Me hablaron de Sandra Casas y en plena pandemia atendió mi caso. Fue entonces cuando tuve que valorar si ir a juicio o no. Ponerle una demanda a la Administración da miedo. Ellos hacen las leyes, ellos son el sistema. Pero pensé en mi hermano. Podría ganar o podía perder pero ante todo estaba la dignidad de mi madre, de mi hermano. Atendí todos los pagos, todos los impuestos. Sin poder hacerlo y con muchas dificultades. Solo. Pero ¿ellos? Mi madre murió esperando. Mi hermano murió esperando. Así que decidí ir a por todas", explica el hombre.

Cuando al abogada Sandra Casas interpuso la denuncia, la Administración, por fin, contestó. "Habían archivado el expediente sin notificarlo", explica la abogada, quien ya abrió camino en el año 2014 desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para este tipo de sentencias. "Desgraciadamente continúan muriendo personas sin cobrar la ayuda a la ley de la Dependencia que solicitaron. No es el dinero lo que persiguen las familias que reclaman", añade Casas. F.G. lo corrobora. "Es una cuestión de dignidad porque no se pueden anunciar unas ayudas y que luego no exista capcaidad suficiente para cumplir. Eso se llamam engañar. La Administración debe estar capacitada para atender las obligaciones que ella misma anuncia y publicita. Si se reconocen derechos hay que cumplir. Y a nostrso nos tuvieorn silenciados, en el olvido hasta que de las tres personas que iniciaorn este proceso, solo yo estoy vivo", concluye F.G.

El hombre aún no ha cobrado el dinero, aunque se prevé que el ingreso se realice antes de que finalice el año. El juez condena a la Administarción a pagar las costas del proceso. La sentencia es firme.