La Comisión Europea pedirá a España información sobre el caso de Ripoll y el empadronamiento de migrantes

El padrón puede ser una competencia de los ayuntamientos, pero la Comisión Europea preguntará a España sobre el caso de Ripoll, en manos de la alcaldesa ultra Sílvia Orriols, y de otros municipios catalanes y las trabas, denunciadas por El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, que están poniendo al empadronamiento de migrantes. "Es necesario recopilar más información para tener una mejor visión general de la situación en juego. La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas para recabar más detalles", ha explicado este viernes a este diario la portavoz de Interior de la Comisión Europea, Anitta Hipper, que recuerda que para garantizar que no se socavan las directivas sobre inmigración legal, los gobiernos deben garantizar el acceso de los migrantes a todos los procedimientos y trámites pertinentes, lo que se aplica a la "concesión de los permisos de residencia necesarios".

El Ejecutivo comunitario recuerda que los gobiernos deben garantizar el acceso de los migrantes a los trámites pertinentes y a los servicios previstos en la ley

La Unión Europease ha dotado en los últimos años de normas para armonizar las condiciones de entrada y residencia en los Estados miembros para determinadas categorías de nacionales de terceros países. Esto incluye, explica la portavoz de Interior, la entrada y residencia por motivos laborales de trabajadores altamente cualificados (sujetos a la Directiva de la Tarjeta Azul de la UE), trabajadores temporales y personas trasladadas dentro de una misma empresa. 

Las normas también regulan las condiciones de admisión y los derechos de estudiantes, investigadores, voluntarios y aprendices de países no pertenecientes a la UE, el derecho a la reunificación familiar de los nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE y las condiciones y procedimientos para que los nacionales de terceros países puedan obtener un permiso de residencia de larga duración de la UE. Y establecen un procedimiento único y un permiso único que combina la autorización para trabajar y residir para los trabajadores de terceros países admitidos, según los sistemas nacionales de los Estados miembros que deben garantizar igualdad de trato respecto a los nacionales en el acceso, por ejemplo, a bienes y servicios.

"Para garantizar la eficacia de las directivas sobre inmigración legal y evitar socavar sus objetivos, los Estados miembros deben garantizar el acceso a los procedimientos pertinentes. Esto se aplica a la concesión de los permisos de residencia necesarios, así como a garantizar el acceso a los derechos previstos en dichas directivas", ha añadido Hipper.

Aunque no se ha querido mojar, de momento, sobre las trabas al empadronamiento en Cataluña, la portavoz ha subrayado que en cualquier caso los gobiernos europeos deben aplicar la legislación europea respetando los derechos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

 Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una organización intergubernamental con sede en Suiza al margen de la UE, el problema suscitado en Cataluña pone de manifiesto la importancia "de garantizar que todas las personas, independientemente de sus antecedentes, tengan igual acceso a la atención médica y la educación", explica el portavoz regional de la organización, Ryan Schroeder, que afirma que es fundamental fomentar un entorno que respete los derechos de los inmigrantes.

"Aunque entendemos los desafíos específicos a los que se enfrentan ciertos municipios, creemos que un enfoque integral, colaborativo y basado en los derechos es la mejor manera de avanzar para todos los involucrados", ha remachado.