Las familias exigen que los móviles no se usen en el instituto ni con fines pedagógicos

El movimiento Adolescencia Libre de Móviles (ALM), que nació espontáneamente este curso escolar y está formado por familias que abogan por retrasar hasta los 16 años la edad de entrega de primer móvil a los hijos e hijas, aplaude las diversas normativas autonómicas aprobadas recientemente para frenar en las aulas el uso de los 'smartphones'. Sin embargo, en su opinión, se quedan cortas. Sus portavoces han enviado un comunicado para dejar claro que en la educación secundaria -donde la mayoría de alumnos y alumnas trabajan con ordenador- debería ocurrir lo mismo que en primaria: prohibición completa y radical del móvil.

Todas las normativas autonómicas -que coinciden con las directrices marcadas por el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Educación- vetan completamente los móviles en primaria. En secundaria también, incluido el patio, el comedor y las extraescolares. Eso sí, los nuevos reglamentos abren la posibilidad de que los chicos y las chicas usen sus dispositivos si el docente así lo considera para una actividad lectiva con fines pedagógicos. ALM considera que estos fines pedagógicos suponen “un coladero que bajo ningún concepto está justificado en los entornos escolares”.

"Desigualdades"

Los móviles son “herramientas que no proporcionan los centros” así que la ALM asegura que se está incumpliendo la ley educativa, en la que se prohíbe expresamente que los centros puedan adoptar innovaciones pedagógicas si estas suponen discriminación de cualquier tipo o aportaciones de las familias.

El movimiento ciudadano añade que la posibilidad de que los docentes pidan el móvil a sus alumnos amparándose en supuestos fines educativos “contribuye a generar desigualdades entre menores y entre centros educativos” dado que habrá “institutos libres de móviles y otros que no”, dejando desamparadas -insisten- a aquellas familias que deciden retrasar la entrega del primer móvil hasta los 16 años.

Normativa catalana

A finales de enero, y después de meses de presión de las familias y muchos docentes y la negativa a prohibir de Educació, el Consell Executiu aprobó un marco general de referencia que deberá ser adaptado por todos los centros de Cataluña en sus reglamentos tras un debate con las familias y el claustro. El texto, bastante restrictivo, ordena que en la escuela pública y concertada de Cataluña, ningún alumno de infantil (0 a 3 años) ni primaria (6 a 12 años) podrá usar su móvil personal. Los de ESO (12 a 16 años) estarán autorizados para llevarlo, pero no podrán utilizarlo en clase. Hacerlo estará “totalmente prohibido”. El veto se extenderá al patio, el comedor, las salidas y las actividades extraescolares que se imparten en el centro. Los estudiantes solo encenderán sus dispositivos cuando así lo requiera una actividad educativa concreta. En todo caso, para ese objetivo, siempre tendrán prioridad las tabletas y los ordenadores antes que los teléfonos.

Aragón, Murcia, Andalucía y Canarias han aprobado medidas similares, que se suman a las que ya había en Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Castilla y León. Hasta Euskadi, la comunidad más reacia a regular, anunció hace semanas que todos los centros deberán aprobar una regulación específica.

ALM aplaude el hecho de que los móviles estén, por fin regulados, pero alegan que el veto debe ser total y radical en los institutos. Aseguran que estudios como el realizado por la Universidad de Chicago en 2017 demuestran que el simple hecho de llevar el móvil encima, aunque sea en modo apagado, distrae la atención de los menores. “No tenemos constancia de investigaciones que indiquen un mayor desempeño por parte del alumnado gracias al uso del teléfono inteligente en clase”, concluyen.