La batalla política por el planeta no ha hecho más que comenzar

La reacción global contra las políticas climáticas ya ha comenzado, al mismo tiempo que algunos países han comenzado a aplicar un manual de tácticas para intimidar y silenciar a las personas que intentan alertar sobre el peligro que corre el planeta, aunque sean científicos de renombre mundial.

Dos procesos paralelos se han desatado en el mundo coincidiendo con el agravamiento de la crisis planetaria: por un lado, se está organizando una resistencia global a las políticas climáticas, como advierte The Economist, y por otro lado, la represión contra los activistas climáticos se intensifica en todo el mundo, como revela The Guardian.

Los científicos que denunciaron en el Congreso la inacción climática se enfrentan a penas de prisión

A pesar de que el cambio climático, con todas sus derivadas, es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, no todos están dispuestos a aceptar las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar los peores escenarios.

The Economist señala que la reacción contra las políticas proclimáticas, surgidas principalmente de los Acuerdos de París de 2015, está impulsada por el costo económico que representan, por la conveniencia de intereses creados y por las teorías conspirativas.

Impacto en el comercio mundial

Los ejemplos de esta reacción son elocuentes. The Economist se fija en primer lugar en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que es la encargada de elaborar las normas que rigen el comercio internacional.

En su último informe, después de reducir a la mitad su previsión de crecimiento del comercio mundial, la OMC advierte que una de las causas determinantes de esta contracción son las medidas que pretenden contener el calentamiento global, a las que atribuye un impacto negativo en la competitividad, la rentabilidad y la accesibilidad de algunos sectores y bienes, según sus propias palabras.

Este posicionamiento ha provocado una reacción en cadena que no ha hecho más que comenzar: Reino Unido ha anunciado un retraso de cinco años en la prohibición de la venta de nuevos coches de gasolina, cediendo a las presiones de la industria automotriz y de los consumidores.

Por su parte, Alemania ha aplazado una propuesta para endurecer las normas sobre la calefacción ecológica en los hogares, ante el temor de una reacción popular.

Son medidas irrelevantes ante los cambios realmente importantes que se han producido en China, Estados Unidos, Australia o Brasil a favor de la transición energética, así como ante el hecho de que casi una cuarta parte de las emisiones ya están sujetas a un precio del carbono.

Discursos premonitorios

Sin embargo, lo que más bien indica esta situación es que la batalla por preservar las condiciones de vida en la Tierra ante los desafíos climáticos no ha hecho más que comenzar.

En medio de esta agitación se está gestando una potente reacción contraria que puede provocar involuciones significativas en Estados Unidos, donde el cambio climático se ha convertido en un campo de batalla de una guerra cultural, en Alemania, o también en Francia, que ha sufrido enormes protestas contra los altos precios del combustible de consecuencias imprevisibles.

La opinión pública, carente por lo general de cultura científica, se está dando cuenta de que remodelar toda la economía mundial será disruptivo. Algunos votantes pueden sentirse excluidos o amenazados por el cambio. Otros pueden ser víctimas de la desinformación o del negacionismo. Es posible que estas posiciones prevalezcan, con todo lo que ello puede significar en términos electorales.

Rebelión científica

Frente a estas incertidumbres ha emergido un movimiento paralelo inesperado: el activismo climático ha trascendido el ecologismo tradicional (que tenía algunos postulados discutibles) y ha adquirido carta de naturaleza porque está siendo liderado por destacados científicos, profundos conocedores de la gravedad de la crisis planetaria, y que han salido de sus laboratorios para alertar a la sociedad de lo que viene, convirtiéndose así en molestos predicadores en el desierto.

Aquí también se está iniciando una reacción sistémica: según una investigación del periódico The Guardian, cada vez más países están aprobando leyes anti-protesta como parte de un manual de tácticas para intimidar y silenciar a las personas que intentan alertar sobre el peligro que corre el planeta.

En Alemania se les ha llegado a considerar como una “organización criminal”, en Filipinas como sediciosos, en Reino Unido han sido acusados de conspiración criminal, en Francia, Italia, Suecia y Países Bajos, se les ha etiquetado como hooligans, saboteadores o eco-terroristas.

España, también

España, que está en pleno proceso de transición energética hacia una economía descarbonizada en 2050, forma parte también en esta locura.

Actualmente, hay 15 científicos, académicos y activistas que se enfrentan a penas de hasta seis años de prisión por delitos de daños, desórdenes públicos y resistencia a la autoridad por una sentada realizada a las puertas del Congreso en abril de 2022.

La protesta en Madrid fue parte de una acción internacional para alertar de la gravedad de la crisis climática: estuvo coordinada con más de 25 países, en la que participaron científicos y científicas de renombre como Peter Kalmus (NASA), Julia Steinberger (IPCC), Fernando Valladares (CSIC) o José Esquinas (FAO).

Y en Alemania

Fruto de este movimiento, Alemania lleva también a cuatro científicos españoles ante los tribunales por su participación en tres acciones directas no violentas desarrolladas en Múnich en octubre de 2022 contra la empresa de inversiones BlackRock, el fabricante de automóviles BMW y el gobierno alemán, considerados principales responsables de la crisis climática. Los españoles forman parte de un total de 16 miembros de Rebelión Científica procesados, de los que el primer juicio se inicia esta misma semana.

Todos estos colectivos denuncian que se trata de una estrategia de criminalización para silenciar su lucha por preservar el clima del planeta. Expertos en derechos humanos han advertido contra esta tendencia represiva, que consideran "aterradora" y contraria al derecho a la protesta pacífica.