El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox ha citado a siete personas para declarar como investigadas en el mes de diciembre en relación con la causa iniciada por el vertedero de Nerja que, presuntamente carece de autorización ambiental y por el supuesto fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición en dicho espacio.

En las últimas providencias del juzgado, el juez instructor ha acordado la declaración como investigada de Rosa María Arrabal Téllez, actual alcaldesa del PSOE, el día 1 de diciembre; mientras que el exregidor del PP José Alberto Armijo está llamado a acudir a declarar el día 14 del mismo mes.

Asimismo, el 11 de diciembre está citado el delegado de Medio Ambiente, Adolfo Moreno Carrera, y dos días después otra persona vinculada a la Junta de Andalucía.

Además, el instructor cita a otros cargos municipales de esta corporación municipal y de otras anteriores entre diciembre y enero, en concreto del 17 al 31 de dicho mes, prevé siete declaraciones testificales.

Por este juzgado ya han pasado la mayor parte de los 26 empresarios investigados en esta causa; una primera ronda de interrogatorios que terminará el día 30.

La Guardia Civil ha llevado a cabo esta investigación, denominada Rubbish, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que presentó una querella sobre estos hechos y dio lugar al inicio de un procedimiento en este juzgado, que investiga delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad y prevaricación.

El vertedero, que en 2016 ocupaba 36.000 metros cuadrados, está ubicado junto al río de la Miel, dentro del monte público Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra de Tejera, Almijara y Alhama; «un espacio protegido» sobre el que según la querella, se está «vertiendo de manera incontrolada toda clase de residuos de la construcción y demolición, peligrosos, y grandes cantidades de podas», desde hace 15 años.

Esto supondría un grave peligro para el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales, además de un alto riesgo de incendio, entre otras consecuencias medioambientales y de seguridad para las personas.

El vertedero viene siendo explotado por una sociedad, formada por cinco empresas; pero con el conocimiento de las administraciones. Tras varias inspecciones, los investigadores detectaron que no hay sistema de canales que eviten la entrada de agua de lluvia, que los residuos se depositan directamente sobre el terreno, no hay medidas de control sobre emisión y acumulación de gases, algunos de ellos inflamables; y que no hay cortafuegos o sistema de extinción de incendios ni vallado perimetral.

Asimismo, hay especies de flora silvestre en la zona, incluidas en la categoría en peligro de extinción y, en caso de producirse un incendio el daño medioambiental podría ser catastrófico, afectando directamente al parque natural o los acantilados de Maro-Cerro Gordo.

Además, las empresas que lo explotaban habrían expedido «certificaciones falsas» a las empresas que recurrían a ellos para la adecuada gestión de sus residuos, haciéndoles creer que están siendo tratados en un vertedero controlado, según la investigación inicial.

En este sentido, la Guardia Civil comprobó la existencia de un posible fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición en el vertedero ilegal del municipio que podría superar los 2,5 millones de euros, el coste de la correcta gestión de esos residuos que han sido vertidos «indiscriminadamente y de manera ilegal».