Un Juzgado de Instrucción de Torremolinos ha citado a declarar como investigados, desde la semana pasada y durante esta, a los nueve miembros de la Junta de Gobierno Local de Benalmádena que presidió Paloma García Gálvez (PP) hasta las últimas municipales, así como a funcionarios y personal laboral afectados por comisiones de servicio presuntamente irregulares, y a policías locales que fueron nombrados oficiales sin proceso selectivo alguno u orillando supuestamente el trámite administrativo previsto para ello, informaron fuentes judiciales.
En total, son 15 personas, pero podrían ser más a medida que avance la instrucción. Entre los 15 que habrían declarado ya o lo harían próximamente se encuentran los nueve concejales que formaban la Junta de Gobierno Local hasta mayo de 2015: la exalcaldesa Paloma García Gálvez, José Antonio Serrano Carvajal, José Miguel Muriel Martín, Inmaculada Concepción Cifrián Guerrero, Yolanda Peña Vera, Juan Olea y José Miguel Muriel Martín (todos ellos del PP), así como los ediles de UCB, Francisco José Salido y Concepción Tejada.
La denuncia fue interpuesta por el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de Málaga, Francisco Martínez Jiménez, en marzo de 2015 ante la Fiscalía Provincial de Málaga, que luego abrió diligencias de investigación penal y, al tiempo, remitió los documentos a un Juzgado de Instrucción de Torremolinos, competente para investigar en Benalmádena, añadieron las fuentes.
En el documento que recogería la notitia críminis, se encuentran tres apartados bien diferenciados: en el primero se habla de la reubicación del personal de confianza -al menos cuatro casos de contrataciones irregulares-, en el segundo se hace alusión a 11 supuestos procedimientos irregulares en torno a la selección de oficiales en la Policía Local de Benalmádena -aunque se apuntan muchos más- y en el tercero se denuncia la presunta asignación irregular de funciones especiales y comisiones de servicio.
El denunciante entiende que podrían haberse cometido los supuestos delitos de fraude de ley, desviación de poder, prevaricación y malversación de caudales públicos.
En el primero de los grandes apartados a investigar, la denuncia se refiere a que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 2013 se aprobó para limitar el personal de confianza, por lo que Benalmádena cesó, mediante decreto, a «veinte personas que evidentemente guardan relación con el equipo de gobierno». En este caso, se habla de cuatro personas afectadas, cesadas al principio y recontratadas usando la figura del contrato menor. En relación a uno de los casos, relata la Vicesecretaría que esta actuación «podría suponer un auténtico fraude de ley, protegido por una apariencia de legalidad en la tramitación de dichos contratos que constituiría desviación de poder», se relata en la denuncia.
En el segundo bloque, se empieza hablando del nombramiento, en comisión de servicios, como jefe de la Policía Local en 2009 de F. Z. M. «Este funcionario ha propuesto numerosas comisiones de servicio de forma nominal obviando cualquier procedimiento selectivo», en supuesta connivencia con dos responsables de la sección de personal.
En este apartado se relatan hasta 11 casos. En uno de ellos, la Secretaría General emite un informe, enfrentándose a la Jefatura de la Policía Local, en el que indica: «Se deben subsanar las omisiones/irregularidades detectadas. La propuesta de resolución no es adecuada a derecho». Otro de los asuntos se refiere a un escolta de la exalcaldesa, que es nombrado oficial por decreto «tras una comisión de servicio nominal sin proceso selectivo alguno».
Las insignias de dos suboficiales. En 2011, se publica en el BOE el anuncio de la convocatoria de dos plazas de subinspector de Policía Local, pero poco después se anuló pese a que había un listado provisional de aspirantes. Luego se vuelven a convocar, y un agente que estaba de baja, miembro de la lista del PP en las anteriores elecciones, decide regresar al servicio activo para participar en el proceso. UGT recurrió la convocatoria y una web de Benalmádena llega a desvelar la identidad de los que acceden al cargo. El resto de opositores, siempre según la denuncia, «conocedores de dicha circunstancia y de la falta de objetividad de los miembros del tribunal compuesto por el jefe de policía, como presidente, y miembros de sindicato Ajdepla, como vocales, deciden no presentarse o hacerlo dejando el examen en blanco».
El examen se fija el 25 de septiembre de 2012 y, sólo un día después, el agente que se reincorporó al servicio y otro de los beneficiarios visten sus uniformes con las insignias de suboficial.
En el tercer bloque, el denunciante habla de asignación irregular de funciones especiales y comisiones de servicios y, en uno de los tres casos, el secretario de la corporación llegó a advertir de «posibles efectos penales».
