­El actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Torremolinos destapó ayer nuevas irregularidades en la gestión del PP al frente del propio Consistorio. En concreto, como balance de una segunda auditorías externa, la primera teniente de alcalde, la socialista Maribel Tocón, se refirió a «contrataciones directas, pagos sin justificar y un sinfín de irregularidades», durante la gestión de Fernández Montes como regidor.

La auditoría presentada en esta ocasión se suma a la que ya dio a conocer datos sobre la «deuda de 197 millones generada hasta junio de 2015». Tocón manifestó que el anterior alcalde «estuvo incumpliendo de manera sistemática la ley, utilizando a los asesores políticos nombrados por él mismo para gestionar los intereses públicos, ignorando a los funcionarios y trabajadores municipales con el objetivo de tener el control político del Ayuntamiento».

«Esta nueva auditoría muestra ejemplos de adjudicaciones directas de contratos, prescindiendo del cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, así como numerosos casos de fraccionamientos y prórrogas de contratos irregulares, así como gastos y dietas sin justificar, y decenas de contrataciones no sujetas a ley», matizó la dirigente socialista.

Apuntó que se ha conocido, por ejemplo, la adjudicación de un servicio de seguros por importe de licitación de unos 772.000 euros en 2012. O que en el informe se reflejan irregularidades en el contrato y sus respectivas prórrogas de la ayuda a domicilio municipal y del servicio en el ámbito de la Ley de Dependencia, que suman más de un millón de euros. Otro de los capítulos apunta a indicios de fraccionamiento de contratos a un mismo adjudicatario en el Campeonato de Europa, «con el fin de eludir la publicidad a la que por ley estaría sometido».

«La auditoría de cumplimiento de la legalidad destapa también mala praxis en el contrato de obras para la remodelación en 2013 de la pista de atletismo», por importe de unos 368.000 euros. Otra de las sumas más importantes que no pasaron por el procedimiento legal recomendable, según explicó ayer la propia edil, fue «la compra de suministros eléctricos que, con un solo proveedor, suma 1.354.000 euros durante el periodo auditado». En este caso no habría contrato, «ni su correspondiente licitación, que sería lo adecuado».

El PP replicó ayer, a través de un comunicado, que la propia Maribel Tocón, como portavoz del equipo de gobierno, ofreció detalles de una auditoría legal «aún pendiente de contrastar». Y lamentó en el escrito que la misma todavía se encuentra «en el período de custodia y reserva», de manera aún no ha sido facilitada «a ninguno de los grupos municipales».

Costa del Sol Sí Puede (CSSP) se refirió asimismo a las palabras de Tocón en rueda de prensa. El portavoz de este grupo, José Piña, argumentó: «Si estas conclusiones no acaban en los juzgados, las auditorías no habrán servido para nada», indicó. En este sentido, finalizó con que estas «acusaciones mutuas en público» no van a llevar a Torremolinos a ningún lado, «excepto a escenificar un teatrillo en el que el PSOE y el PP se sienten muy cómodos».