Nueve salidas alternativas, 429 timbres antipánico, 53 interfonos, 240 teléfonos, 162 videocámaras y 60 vigilantes de seguridad en los hospitales y centros de salud. Existe un plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico entre otras medidas. Nadie duda de que hay actuaciones en marcha y de que se está realizando un esfuerzo en esta materia, pero no es suficiente.
Las agresiones a los médicos y al personal sanitario en general se siguen produciendo y se están convirtiendo para muchos en un factor más de la cotidianidad de su trabajo. Se trata de un problema que tanto los sindicatos como los colegios profesionales califican como de primer orden.
Ayer tuvo lugar un encuentro del consejo provincial de salud (o consejo de salud de área) en el que todas las partes implicadas se sentaron en torno a la misma mesa para intercambiar impresiones, propuestas y reivindicaciones. La principal propuesta lanzada a Salud fue la creación de un observatorio o foro, donde de forma permanente se trabaje de cara a minimizar y reducir este problema.
La delegada de Salud de la Junta en Málaga, María Antigua Escalera, comentó que los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han recibido a lo largo del año 2010, un total de 19 sentencias condenatorias relacionadas con agresiones sufridas por los profesionales sanitarios, dos de éstas incluyen la tipificación de delito de atentado, una más que en 2009. El resto, se dividen entre delitos de amenazas, falta de lesiones e injurias.
Los abogados del SAS han llevado a cabo en los últimos tres años en Málaga un total de 86 asistencias letradas en relación con las agresiones sufridas por los profesionales sanitarios y no sanitarios en el desempeño de su trabajo en los centros sanitarios públicos, siendo concretamente en 2010 de 28 asistencias, indicaron.
Endurecer las penas
Los sindicatos CCOO, UGT, el Sindicato Médico, Satse o el Colegio de Médicos de Málaga exponen que uno de los principales caballos de batalla en la materia es el endurecimiento de las penas, ya que en el caso de las amenazas e insultos el agravio queda tan sólo en una sanción económica y en las físicas, consideradas ya como delito de atentado, la gran mayoría no llega a entrar en prisión al tramitarse como juicio rápido y haber conformidad.
La demora en la atención, la disconformidad con el diagnóstico o la negativa a la realización de algún acto médico (dar una baja o realizar una prueba), serían las principales causas de conflicto. El principal escenario son los centros de Atención Primaria y las Urgencias. La no aplicación del protocolo de actuación existente –asistencia jurídica o psicológica, la denuncia del director del centro ante un órgano competente–, es otra de las reclamaciones. También exigen la personación del SAS en cada uno de estos casos como acusación particular como apoyo al facultativo, y la incorporación de las medidas de seguridad a todos los centros de salud, entre otras propuestas.
