El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha abierto diligencias previas para dilucidar si ha existido algún tipo de delito en la adjudicación de varios contratos menores por parte de la concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Cruz de Humilladero, Teresa Porras. La causa se judicializa después de que la Fiscalía viera indicios de delito en determinados actos administrativos y remitiese las diligencias de investigación efectuadas en el órgano a raíz de una denuncia socialista presentada en abril de 2011.
La Fiscalía, tras una investigación preliminar, emitió un decreto firmado por el fiscal jefe en funciones y fechado el 1 de marzo en el que interesaba «la incoación de diligencias previas y la práctica de varias diligencias». La denuncia de dos ediles del grupo municipal socialista se concretó después de una serie de informaciones adelantadas en exclusiva por La Opinión de Málaga.
En ese decreto, el fiscal estimaba que podrían haberse cometido alguno de los tipos delictivos comprendidos en el título XIX del libro II del Código Penal, entre los que consignan el tipo de prevaricación, entre otros. En concreto, en la denuncia socialista se hablaba de algunos presuntos delitos contra la Administración Pública.
El hecho de que se hayan incoado diligencias previas quiere decir que se judicializa el caso Porras. María Luisa Cienfuegos, titular del juzgado, será la encargada de instruir el proceso y lo primero que deberá decidir es si acuerda la práctica de las pruebas solicitadas por la Fiscalía. En su decreto, el fiscal jefe en funciones hablaba de la necesidad de emitir un oficio al alcalde, Francisco de la Torre, para que se remitan desde el Consistorio copia de cinco expedientes de contratación y una relación de contratos.
La primera copia que se pide, y que ahora Cienfuegos deberá decidir si reclama al Consistorio, es la del expediente de contratación 345/05; un segundo por una adjudicación a Antonio Capablanca; la carpetilla correspondiente a la realización de obras en el colegio público Hernández Cánovas por parte de El Copo SL; un cuarto, el número 319/05, alude a otra adjudicación a Excavaciones El Copo, y un quinto a Pinturas Sixto. Asimismo, se pide la relación de contratos adjudicados «para parques infantiles por ese Ayuntamiento» a Virginia Vallejo y Jorge Peláez.
También se exigen los documentos derivados y, entre ellas, «si se estima pertinente de la documentación referida en el apartado anterior, que se reciba declaración a Doña Teresa Porras».
De momento, ni siquiera se sabe qué fiscal se hará cargo del proceso, que llegó ayer mismo al juzgado número 2 procedente del 12 tras el reparto. Ahora, la juez y el fiscal finalmente elegido para desarrollar esta investigación tendrán la voz cantante.
La concejala siempre ha defendido que se ha ajustado «escrupulosamente a la ley» y añadió que incluso ha llegado «más lejos de lo que la normativa exige».
