La defensa del letrado Manuel Sánchez Zubizarreta, acusado en el caso Malaya, solicitó ayer al Tribunal que «se deduzca testimonio de los particulares que hagan referencia a las declaraciones prestadas en el juicio oral» por algunos investigadores policiales y de la Agencia Tributaria y testimonio de varios informes y atestados de la causa, para que se remitan a un juzgado «en averiguación de si su actuación puede ser constitutiva de delito», por «ocultamiento o reticencia».

En este contexto, el abogado Francisco Soriano, también acusado y perteneciente al gabinete jurídico en el que, según las acusaciones, se constituyeron sociedades para que el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ocultara su patrimonio supuestamente ilícito, aludió al artículo 460 del Código Penal, que se refiere al testigo o perito que «sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos».

Este letrado cuestionó que estos investigadores tengan la condición de peritos o testigos, sino son «simplemente denunciantes e interpretadores de documentos», dijo, calificando su forma de contestar de «despectiva» e «inadmisible en un estado de derecho» y considerando que entraban al juicio «como en terreno conquistado, con prepotencia», por lo que entiende que «esto debe de esclarecerse por bien de la administración de justicia». Criticó la labor de las acusaciones y el gasto de dinero público de este procedimiento.