Parecía una utopía, pero la mediación avanza poco a poco en las difíciles aguas de la jurisdicción penal. La directora de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, aseguró a La Opinión de Málaga que los mediadores logran resolver entre un 20 y un 30% de los casos, antes de llegar a juicio, que llegan a los juzgados andaluces con planes piloto en este área.
En Málaga, en concreto, la Junta impulsa la extensión de la cultura del acuerdo previo al plenario en seis juzgados de la capital, tres de Instrucción y tres de lo Penal, en virtud de un convenio que ha firmado la Consejería de Justicia e Interior con las entidades que desarrollan esta actividad.
En concreto, la mediación se aplica a través de sendos convenios suscritos con la Asociación para la Mediación Familiar e Intergeneracional, la Asociación Malagueña de Mediación para la Solución de Conflictivos y Mediamos.
Ya hay una ley estatal que preconiza la mediación en los ámbitos Civil y Mercantil. «Por medio de la Fundación Mediara, hemos desarrollado proyectos de mediación Mercantil con las Cámaras de Comercio de Sevilla y Cádiz. Por ley se invita a los jueces y secretarios a buscar otras alternativas», precisó Belinchón.
Pero esa norma está pendiente de su desarrollo reglamentario, y se aplicará en su extensión cuando éste sea una realidad. En la jurisdicción Penal, víctimas y delincuentes son mucho más reticentes a someterse al consejo de un mediador, pero el porcentaje de éxito, modesto aún, alcanzado en los distintos proyectos piloto ha hecho albergar esperanzas a los responsables de la consejería.
«Se está resolviendo un tanto por ciento de estos asuntos, porque este tipo de mediación es difícil, ya que lo fundamental es que la víctima se vea resarcida, pero cada vez más juzgados penales nos piden la ampliación del convenio», reflexiona Belinchón.
A víctimas y delincuentes se les da la oportunidad a acudir a los mediadores en hechos delictivos leves, tales como faltas, delitos contra la propiedad o insultos, quedando excluida la violencia de género.
«Se trata de extender la cultura de la mediación, porque estamos en una sociedad muy judicializada, si se genera un conflicto, el ciudadano comprende que puede arreglarse con la mediación», afirma. La Consejería de Justicia e Interior pone a disposición, en sus distintas sedes, de los juzgados que lo solicitan un espacio para que se desarrolle esta actividad.
Hasta ahora, la mediación en esta jurisdicción sólo está regulada en la Ley Penal del Menor. El proyecto piloto se desarrolla en 15 juzgados andaluces y en una sección de Audiencia Provincial en las provincias de Cádiz, Huelva, Jaén y Málaga.
En este tipo de mediación, víctima e infractor se reconocen la capacidad para participar en la resolución del conflicto derivado del delito, impulsando un proceso de diálogo y comunicación confidencial, conducido y dirigido por un mediador imparcial, destinado a posibilitar un acuerdo que contemple la reparación del daño causado y la asunción de las consecuencias provocadas.
Coste para el erario público
La idea final estriba en reducir costes y tiempo, puesto que cada juicio supone para el erario público una media de 1.800 euros, y su suspensión provoca importantes quebraderos de cabeza tanto para los funcionarios, que han de citar a peritos y testigos, como a éstos, que se desplazan muchas veces para nada hasta la sede judicial perdiendo el día de trabajo. «Tratamos de promover la Justicia restaurativa», precisó Carmen Belinchón.
