Tribunales

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el expresidente de Aifos y su mujer

El fiscal y la acusación particular creen que se apropiaron de varias sumas entregadas por hasta 29 extranjeros y una empresa

29.01.2014 | 05:00
En la imagen, el expresidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado.
En la imagen, el expresidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado.

­La Fiscalía de Málaga pide en su escrito de conclusiones provisionales cuatro años de cárcel para el expresidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado, y su mujer, Teresa Maldonado, por un presunto delito de apropiación indebida. Además, el ministerio público les reclama a cada uno de ellos sendas multas de 6.000 euros. El juicio se celebra los días 3, 10, 11 y 12 en la Audiencia Provincial de Málaga.

En concreto, el fiscal cree que se apropiaron supuestamente de las cantidades entregadas por 29 extranjeros y una sociedad mercantil para adquirir casas de la urbanización Hacienda de Casares, algunas de cuyas fases, siempre según consta en el escrito del ministerio público, no se llegaron a construir.

La entidad Aifos ha desarrollado en Casares «una promoción inmobiliaria en varias fases». El caso se centra, añade el fiscal, «en la venta, a varias personas y entidades, de unidades inmobiliarias en fase de proyecto constructivo».

En concreto, el fiscal cree que hay 29 personas y una sociedad mercantil afectadas, esta última con ocasión de la compra de cinco casas por las que pagó las siguientes cantidades: 69.911 euros por dos fincas, 70.651 por otra, y 65.101 y 66.951 euros, respectivamente, por la cuarta y la quinta viviendas.

Las parejas, británicas en su mayor parte, entregaron varias sumas: desde 51.041 euros hasta 69.801. En total, entregaron poco más de un millón de euros, siempre según el acusador público, adquiriendo 20 viviendas.

«En cualesquiera de tales supuestos, el resto del precio, hasta completar el pago íntegro de las viviendas adquiridas, quedaba diferido al momento en que se concediera a Aifos un crédito hipotecario, en el cual se subrogaría el adquirente», dice el fiscal.

En los contratos se fijaba, añade, de manera expresa, para el supuesto de que el comprador quisiera resolver la relación contractual por expiración del plazo para la finalización o iniciación de las obras, «que las cantidades entregadas le serían devueltas con el interés correspondiente, y, a tales efectos, se establecía como fecha máxima de expiración del plazo de iniciación de las obras el 1 de noviembre de 2004», apunta.

Pero, aclara el acusador, la urbanización de los terrenos se retrasó, lo que achaca el ministerio fiscal a la empresa que vendió los terrenos a la inmobiliaria Aifos. «La construcción nunca se alzó, sin que pueda acreditarse, por parte de Aifos, haber empleado el dinero recepcionado de los adquirentes en las necesidades derivadas del proceso constructivo», relata.

Además, añade la acusación pública, si la empresa «hubiera abierto una cuenta especial donde ingresar las sumas recibidas, sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto, mas no lo hizo, ni ha verificado la restitución del dinero por otros cauces».

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cada uno de los dos acusados, 6.000 euros de multa para ambos y que indemnicen a los afectados en las cantidades entregadas, que superan el millón de euros.

El abogado Francisco Javier Lara representa a los afectados y ejerce como acusación particular. De hecho, fue una querella del actual decano del Colegio de Abogados la que inició el proceso, aunque éste declinó ayer hacer declaraciones a este periódico.

En su escrito de conclusiones provisionales, el letrado de la acusación particular solicita ocho años de cárcel para cada uno de los dos acusados, cuatro por un delito de estafa y otros cuatro al estar relacionado el primero de los ilícitos con una supuesta apropiación indebida.

Asimismo, reclama sendas multas de 12.000 euros. En su escrito, señala que en los contratos se hacía constar que se estaba construyendo la Hacienda Casares, previendo un plazo de finalización, «lo que sin duda generó en mis patrocinados que la obra estaba ejecutándose y que no iban a existir los problemas que existieron», entre otros, que no se construyeron las viviendas.

Dice el letrado representante de la acusación particular que sus representados entregaron las cantidades de dinero «bajo un claro y evidente engaño, ya que se les hizo pensar que se estaba construyendo, que había plazo aproximado de finalización de obras, que se garantizarían los pagos a cuenta, cuando la realidad era muy distinta: no había licencia de obras».

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