La economía sumergida alcanza el 28,6% del PIB malagueño en 2012, es decir, que ese año se movieron en Málaga 7.932 millones de euros en B; en 2008, según un estudio efectuado por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), el dato relativo era del 20,5% y el dinerario rozaba los 6.000 millones de euros. La crisis, la corrupción, el repunte imparable del desempleo, el número cada vez mayor de familias que no perciben ninguna prestación y la presión fiscal han hecho que muchos tengan la economía sumergida como asidero vital para subsistir.
José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha, refleja el avance imparable de esta realidad en Málaga, pero dice que es habitual en zonas en las que la construcción y el turismo tienen peso. Se ceba, especialmente, o recolecta de forma preferente a parados sin prestación. «Hay muchas personas que no llegan a final de mes, están desempleadas y han de pagar su hipoteca y el alquiler. Aunque siguen aumentando los desahucios, no crecen de forma equivalente a los hogares sin ingresos. Es una válvula de escape», precisa.
Propuestas contra el fraude
Málaga está por debajo de la media en economía sumergida: la cifra andaluza es del 29,2% del PIB. Para luchar contra este fenómeno, Gestha ha esbozado toda una batería de propuestas que empiezan, concretamente, por la base del sistema. «Hay que establecer estudios oficiales. Los hay de Funcas y de distintas universidades. Está el nuestro, pero debería ser el Ministerio de Hacienda el que realizase ese análisis, para saber en qué territorio el problema es más sangrante y qué sectores defraudan más», reflexiona.
El segundo punto de su batería de propuestas incide en que el Parlamento español y el regional han de establecer como objetivo ineludible la reducción de la economía sumergida. Desde los ochenta, esta realidad no ha hecho más que crecer, y la idea es simple: hay que luchar contra el fraude, más que aumentar la recaudación. Una tasa ambiciosa de reducción estaría en torno al 10%. Es realista, pero con un plan detallado se puede lograr.
La tercera propuesta va precisamente en la línea de redistribuir los efectivos del Fisco en la lucha contra el fraude: el 80% del personal se dedica a perseguir el fraude entre los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, y una quinta parte de la plantilla de Hacienda persigue a los grandes generadores de dinero B, a los evasores más importante. El 71% de la evasión es cometido por las grandes fortunas o empresas del país, por lo que los técnicos de Hacienda pretenden que les dejen las manos libres para hacer daño donde más eficaces pueden resultar.
La última de estas grandes propuestas del sindicato de Técnicos de Hacienda consiste en que las agencias tributarias estatal y autonómica compartan sus bases de datos para mejorar la eficacia de la persecución en la lucha contra el fraude fiscal.
