La operación Edu por el fraude de los cursos de formación a parados en Málaga, que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital, no es la misma que la que ha desencadenado la juez Mercedes Alaya -caso Barrado-, aunque persiguen idénticos delitos. En la provincia, se han producido ya tres golpes de la Policía Nacional contra la trama, uno en la Semana Santa de 2014, otro en julio pasado y el último hace unas semanas. Pero el fiscal jefe de Málaga ya emitió un informe el pasado 2 de junio del que sólo trascendieron algunos detalles, como el hecho de que se pidiera la imputación de personal del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), algo que aún no se ha producido. Sin embargo, gracias a la apertura del secreto de sumario para las partes se sabe que la investigación afecta a cinco técnicos de Empleo, a la jefa de Servicio de Formación para el Empleo en el SAE y al exdelegado de Empleo, Juan Carlos Lomeña.

Para éste, por cierto, no sólo se ha pedido la imputación en el marco del caso Edu -su pieza malagueña, porque hay otras abiertas en diferentes provincias como Almería o Granada-, sino que además ha quedado en libertad con cargos en la que lidera Mercedes Alaya.

En Málaga, en concreto, se estudian las subvenciones concedidas a empresas en dos resoluciones firmadas por Juan Carlos Lomeña de finales de 2010 (15 de diciembre y 4 de noviembre). En la primera, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Málaga (UDEF) ven irregularidades en 17 empresas subvencionadas con 1,5 millones de euros; en cuanto a la segunda se fiscalizan las subvenciones inyectadas a una decena de sociedades.

El listado de irregularidades, según el fiscal, es el siguiente: creación ex profeso de ciertas empresas para recibir subvenciones; algunas mercantiles no hallan dadas de alta en la Seguridad Social al tiempo de obtener la subvención; algunas se dan de alta cuando se publica la concesión de las subvenciones; otras se dan de baja en la Seguridad Social nada más terminar el periodo ejecutivo de la resolución del 15 de diciembre de 2010; hay reiteración de beneficiarias de las ayudas; se informa de que ciertas mercantiles resultan ser deudoras frente a la Seguridad Social o Hacienda; se da un incumplimiento generalizado por parte de las sociedades beneficiarias de las subvenciones del compromiso de contratación; varias empresas han obtenido subvenciones en otras provincias careciendo de Código de Cuenta de Cotización en algunas de ellas, o se presentan con distintas denominaciones sociales para tratar de acceder a las ayudas sin tener actividad real y, por último, los administradores de ciertas empresas aparecen vinculados con organismos de la Junta de Andalucía o con corporaciones locales que les podrían haber facilitado el acceso a las subvenciones analizadas.

También pedía el fiscal la declaración en calidad de imputados de hasta veinte personas relacionadas con las primeras 17 sociedades subvencionadas para dar cursos a desempleados, así como la toma de declaración a once alumnos afectados.

En el sumario no se hallan las declaraciones ni de Lomeña ni de los seis funcionarios del SAE, aunque los veinte empresarios y los alumnos sí han declarado ante la Policía Nacional en la Comisaría. La investigación no ha hecho más que empezar.