Sociedad

Casi 120.000 andaluces en lista de espera para la Ley de Dependencia

La Junta acelera la aplicación de la norma e incluye a 72.000 dependientes moderados como futuros beneficiarios de ayudas

07.09.2015 | 11:27

Las medidas más recientes han creado 5.000 empleos directos

­Andalucía tiene a 118.655 personas dependientes en lista de espera con la expectativa de una prestación o ayuda en un breve plazo. Una cifra que se ha incrementado este verano en 72.500 personas tras incorporar a los dependientes leves al sistema. En total, el 42,1% de las personas con un derecho reconocido en nuestra comunidad autónoma aguarda una ayuda o servicio de atención.

El viernes, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, anunció que su departamento ultima un Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, que próximamente aprobará el Consejo de Gobierno para «reforzar» la atención al colectivo con la incorporación de nuevos instrumentos como servicios específicos para las personas reconocidas con grado I o lo que es lo mismo, una dependencia moderada.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, aplaudió el paso adelante de Andalucía, que cree que recoge el guante en cuanto a la necesidad de prestar ayuda a los moderados, que suponen el 89% de los 118.000 en lista de espera. Según los datos que maneja, sólo el 10% de esta lista de espera son dependientes severos y grandes dependientes, lo que evidencia que la comunidad autónoma haya priorizado los casos más graves sobre los más leves. No obstante, recuerda: el 99% de los dependientes moderados está sin atender y estos requieren de ayuda para aspectos tan básicos como la higiene o levantarse de la cama.

Ramírez da un dato. El 54% de las personas a la espera son mayores de 80 años, «personas vulnerables y que probablemente nunca vean reconocidos sus derechos con ayudas», alertó, al tiempo que explicó que la lista andaluza es muy alta y que está muy por encima de la media. «Pero porque el volumen de gestión del sistema de atención a la Dependencia es muy alto. Está muy por encima en solicitudes, en valoraciones y en beneficiarios», señaló Ramírez, que cree que será difícil atenderlos dado el «quebranto» económico que puede suponer pues, según recordó, el 78% de la atención sale de las arcas andaluzas pese a que debía aportar el 50% y, el resto, el Gobierno central.

De igual modo opinó la consejera Sánchez Rubio, que apuntó a que la «dejadez» del Estado ha dejado fuera del sistema de atención a la dependencia a más de 35.000 andaluces.

Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la lista de espera total del país es de 430.000 personas, que han quedado «abandonadas» en los presupuestos del Estado para 2016, que incrementa la partida en 75 millones. «Con esa inversión se necesitarían más de 25 años para atender la lista de espera», lamentó.

Plan estratégico

El plan estratégico anunciado por la Junta de Andalucía incluye la atención al grado I de dependencia, que es efectivo desde el pasado 1 de julio puesto que la ley establecía su implantación progresiva, así como un servicio específico a través del cual se realizarán actividades de grupo que contribuyan a fomentar capacidades comunicativas y de interrelación personal, generación de grupos y otras habilidades sociales.

La consejera indicó que para impulsar y agilizar la puesta en marcha del citado servicio se va a recurrir a medios ya consolidados como la Red de Centros de Participación Activa y a instrumentos como convenios de colaboración con corporaciones locales, en los que la Junta de Andalucía asumirá la financiación mientras que las instalaciones y los medios corresponderán a los ayuntamientos.

Así, Sánchez Rubio recalcó la importancia de reforzar estos servicios porque el objetivo «es dar asistencia a las personas reconocidas con grado I a través de centros especializados, dando cobertura económica sólo en casos excepcionales». Algunos de estos servicios son una teleasistencia avanzada y actuaciones en los centros de participación activa, centros de día y de terapia ocupacional para personas con discapacidad.

Para José Manuel Ramírez la medida es interesante y cree que supondrá la atención a más moderados. Además, reconoció que al hacerlo contará con los factores de proximidad, generará puestos de empleo y buscará la eficiencia a través de la sinergia de los servicios sociales aprovechando la estructura existente.
Para Ramírez, esta medida viene de la mano de la inclusión de nuevos dependientes en el último año en la comunidad, 5.000 de ellos sólo en Málaga. Afirma que no sólo ha supuesto un cambio en la vida de estas personas con problemas funcionales, sino que ha generado 5.000 empleos directos y estables en toda Andalucía. Asegura que en el global del último año se han creado en toda la región cerca de 9.000 ayudas a domicilio, 1.382 plazas en centros de día y 3.100 nuevas plazas en centros residenciales.

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ven con buenos ojos la llegada hace un año y medio de Sánchez Rubio.

«El 37% de la inversión que se realiza revierte en impuestos otra vez, es un sector por el que decididamente hay que apostar», arguyó.

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