«¿Quiere usted que sus vacaciones en la Costa del Sol le salgan totalmente gratis?». La pregunta podría pasar sin apuros como una de esos ganchos, tan dados a la exageración, que a menudo utiliza la publicidad para colocar ofertas o cupones de descuento. Sin embargo, en los últimos meses ha perdido inocencia. Hasta el punto de convertirse en el abracadabra más o menos mutable de una estafa que, con el turismo británico como centro, ya ha servido para restar cientos de miles de euros a las ganancias del verano.
El timo de las reclamaciones falsas, como empieza a ser identificado, ha alterado gravemente las cuentas de muchos hoteles de España. Y empieza a ser detectado, aunque en menor escala, en la provincia, donde la patronal manifiesta su temor y llama la atención a la administración y a los touroperadores para que impidan que se extienda y que comience a pasar factura a las cuentas de resultados.
Hace pocas semanas se produjo el último avistamiento. Y, además, en los mismos términos en los que ya había sido advertido por otras asociaciones del país y por complejos sanitarios como Xanit; grupos de abogados anglosajones que montan su furgoneta, el llamado «chiringuito», junto a los hoteles y que animan a los clientes a ahorrarse el dinero del veraneo con una maniobra tan carente de escrúpulos como repetida por el momento: la presentación, frente a la justicia británica, de una denuncia falsa. En general, relacionada con presuntas intoxicaciones, un tipo de queja que, como reseña Luis Callejón Suñé, presidente de la patronal en la Costa del Sol, deja a los establecimientos en una situación de indefensión doble. En primer lugar, porque es difícil demostrar la falta de responsabilidad a posteriori y una vez que el paciente se ha recuperado. Y, sobre todo, porque son pocos los que apuestan por asumir los costes de desplazar a las islas británicas a su séquito de abogados.
Según el responsable de Aehcos, el procedimiento ya se ha cobrado en muchas zonas cifras millonarias. Buena parte de la artimaña, señala, se fundamenta en las diferencias con Gran Bretaña, donde la justicia, como los coches, funciona al revés, dando prioridad a la presunción de culpabilidad y obligando al acusado a tener que justificar su inocencia. Por el momento, son pocos los locales que, dada la distancia, se han atrevido. Y en la suma, al menos este verano, ha venido la sorpresa: pagos de 500.000 euros que se reducen a la mitad y a los que a menudo se agregan cuantiosos costes judiciales. Siempre con los touroperadores como intermediarios, que son los que están obligados a compensar al turista.
La trama es jugosa para los abogados que la promueven: los hoteles pagan a los touroperadores, éstos a los viajeros y ellos se embolsan una comisión de órdago, que en algunos casos ha llegado a superar en 5.000 euros el dinero percibido por los clientes. Una razón lo suficientemente poderosa para explicar el aumento registrado en estas reclamaciones, que en hoteles de Benidorm ha pasado de una decena a varios centenares en menos de un trimestre.
Callejón detalla que este tipo de estafas suelen darse más en los establecimientos de todo incluido, que es por donde se ha visto merodear a abogados en todo el país. «Presumen que, al salir poco los viajeros, lo normal es que consuman en el hotel y se pueda culpar al negocio de una posible intoxicación más fácilmente», puntualiza.
Aunque Málaga no es el punto más amenazado, la presencia de este tipo de grupos ya es indudable. Y ha sido tomada muy en serio por la patronal, que apela a los movimientos emprendidos por el sector a nivel nacional, con encuentros bilaterales para desmontar toda la estructura de esta nueva forma de picaresca. Una de las propuestas de Aehcos es que las denuncias se tengan que presentar obligatoriamente en España, además de aumentar la información, aunque sin incomodar al turista. «Los británicos son unos de nuestros mejores clientes y lo último que querríamos es molestarles», sentencia.
