El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella ha archivado la denuncia presentada contra la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz; el jefe de la Asesoría Jurídica, y el responsable de la Gestión Patrimonial en relación con la resolución de una concesión administrativa de la época del Grupo Independiente Liberal (GIL) en la zona de El Pinillo.

Ante esta decisión judicial, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha asegurado este viernes a los periodistas que estaba "completamente convencida" de que la causa se acabaría archivando. En este sentido, ha indicado que el objetivo de los servicios jurídicos y del Área de Patrimonio del Consistorio y del equipo de gobierno "es trabajar para defender el interés de los vecinos".

"En este caso entendíamos que no se podía aceptar una petición de reclamación de 20 millones de euros", ha señalado la regidora, quien ha criticado "el uso político" que de este asunto ha realizado la oposición municipal. "Tendrían que explicar si ellos hubieran pagado los 20 millones o si hubieran defendido los intereses de la ciudad", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero, ha asegurado en rueda de prensa que su grupo "estaba confiado en que la denuncia tenía como único destino lógico el archivo de la misma en la medida en que las pretensiones de la alcaldesa en todo momento han sido las de defender los intereses de Marbella".

Una vez confirmado, por segunda vez, el archivo de la denuncia, en resolución fechada el 10 de septiembre y notificada el 18 del presente mes, Romero ha reprochado de nuevo a los grupos de la oposición "su actitud irresponsable".

El edil del PP ha afirmado que "no sólo se han servido de la Administración de la Justicia en este asunto, sino que han presentado o instrumentalizado hasta 10 denuncias que han sido finalmente archivadas".

"La utilización espuria de la Administración de Justicia por parte de los partidos de la oposición ha sido puesta de relieve hasta por los propios jueces, que en una de las resoluciones han llegado a afirmar literalmente que el archivo que se realiza en el periodo de confrontación electoral se hace precisamente para evitar la instrumentalización de las denuncias y querellas contra los adversarios políticos", ha manifestado.

La resolución también indica que "se deben de extremar el examen de dichas denuncias y su rigurosidad respecto a concurrencias de indicios sólidos de criminalidad que excluyan otras motivaciones de confrontación electoral que resten neutralidad al testimonio que se realiza en un procedimiento".

De esta forma, "los tribunales han venido diciendo que la oposición utiliza de forma espuria a la Administración de Justicia para tratar de erosionar la labor del equipo de gobierno", ha advertido el portavoz 'popular'.

Por ello, Romero ha exigido a los grupos municipales de la oposición que "pidan perdón, no sólo al equipo de gobierno del PP, sino también a los ciudadanos a los que han estado mintiendo durante todo este tiempo".

"Es un planteamiento injusto para la ciudad", ha resaltado Romero, quien ha instado tanto a PSOE como a IU, que gobiernan en la Junta de Andalucía, a que "trabajen de verdad por la ciudad y exijan a esta Administración que invierta lo que tiene pendiente en Marbella como centros escolares y sanitarios o la Ciudad de la Justicia".

La denuncia tuvo su origen en la reclamación de un particular al Ayuntamiento de Marbella de 20 millones de euros por una adjudicación de una concesión en 2001 cuando gobernaba el GIL.

Concretamente, hace referencia a una parcela de más de 50.000 metros cuadrados en primera línea de playa donde el Gobierno del GIL autorizaba los usos hotelero, residencial, comercial y de ocio, contraviniendo tanto el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en aquel momento, de 1986, como el actual.

El equipo de gobierno actual resolvió dicha concesión en el marco de los trabajos que viene desarrollando para preservar y recuperar el patrimonio municipal esquilmado por anteriores ejecutivos municipales, contando para ello con todos los informes favorables del interventor, del tesorero, de la Asesoría Jurídica y de Patrimonio, según Romero.