Marbella vuelve a ser presa de la digestión de sus miles de casas ilegales, situación heredada del saqueo generalizado al que fueron sometidas sus arcas durante la época de Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe (1991-2006). Para acabar con aquel caos, con entorno a 18.000 viviendas sin regularizar, se empezó por el gobierno de Yagüe, y se continuó con el del PP (Ángeles Muñoz), la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, un documento aprobado en 2010 por la Junta de Andalucía que ponía orden en el patio de monipodio en el que se había convertido el urbanismo. Ayer, el Tribunal Supremo declaró nula la revisión de 2010 y eso, como reconoció el alcalde, José Bernal, vuelve a sumir a Marbella «en la incertidumbre y la inestabilidad», aunque indicó que su equipo de gobierno garantiza la seguridad jurídica a inversores y promotores y que ya estudian vías para aminorar el golpe.
El documento de 2010 legalizó 16.500 de esas 18.000 casas ilegales heredadas de la época del pelotazo urbanístico y se estableció un sistema de compensaciones muy polémico para propietarios y constructores. Ahora, ese pacto urbanístico que dotaba a Marbella de un marco conforme al cual otorgar licencias de obras salta por los aires merced a tres sentencias diferentes de la Sala III del Tribunal Supremo en las que se estiman los recursos de casación presentados contra otros fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los recurrentes son la comunidad de propietarios Las Lomas de Puente Romano, Europea de Complejos Comerciales SA y Ale Investment SL. Aunque éstos reclamaban por aspectos concretos, el fondo de la decisión afecta de lleno al plan.
La revisión del PGOU se anula porque «no correspondía al ámbito de potestad de planeamiento modular la legalización de lo ilegalmente construido», es decir, la digestión de esas 18.000 casas en un escenario en el que no se podía tirar todo porque era impensable echar media ciudad abajo; no se cumplen, tampoco, las normas de evaluación de los efectos medioambientales y no hay un informe de sostenibilidad económica.
La decisión es un golpe no sólo al actual equipo de gobierno, que anteayer mismo anunció que había previsto ingresar 200 millones de euros en licencias de obras este año, sino para el PP, que gobernó ocho años la ciudad y lideró la redacción de ese documento; y para la Junta de Andalucía, que lo bendijo. Un problema de proporciones hercúleas que ahora tendrá que gestionar con inteligencia y calma José Bernal (PSOE), alcalde desde mayo pasado, que gobierna en minoría junto a CSSP e IU. El PP hará hoy su valoración pública.
El Supremo se dice consciente «de la situación de generalizada ilegalidad urbanística existente en Marbella, como consecuencia de las numerosas actuaciones llevadas a cabo al margen o contra lo previsto en el anterior PGOU del 86».
«Igualmente -dada la generalizada amplitud de ilegalidad- somos conscientes de la excepcionalidad de la situación creada, con repercusiones en el ámbito de la gestión política de la ciudad», cuyo Ayuntamiento fue disuelto en abril de 2006 tras el caso Malaya.
También hubo consecuencias en el ámbito penal, «en el que se han producido condenas de regidores políticos de la ciudad, funcionarios del propio Ayuntamiento y promotores», dice la Sala.
Alaba el Supremo los intentos municipales y autonómicos para regularizar el urbanismo marbellí, plasmado precisamente en la revisión del PGOU que ahora anulan los magistrados, pero «a pesar de la expresada situación de excepcionalidad urbanística, y a pesar del loable intento normalizador», el tribunal declara que su obligación es controlar la legalidad de ese plan.
El alcalde estuvo ayer en contacto con la Consejería de Fomento y Vivienda, así como con los Servicios Jurídicos Municipales. El regidor garantizó «la seguridad jurídica a los inversores y promotores con independencia de los fallos judiciales», dijo.
«Nos deja en una situación de incertidumbre, y ahora tenemos que verificar cuál es el soporte legal para seguir desarrollando la labor urbanística», añadió, al tiempo que aseguró: «El nuevo ejecutivo de Marbella está comprometido desde primera hora con la agilidad burocrática en materia urbanística, el incentivo a las inversiones y la garantía jurídica de la ordenación del territorio». «Este PGOU no gustaba a nadie, y hemos regularizado con compensaciones para el municipio más superficie que la que logró el PP en sus ocho años de gobierno».
Ahora, la idea es buscar o crear una disposición transitoria que permita seguir dando licencias en base a un marco legal, tal vez por un decreto de urgencia. Diego Martín Reyes, abogado y expresidente de la Gestora de Marbella, considera que el efecto jurídico inmediato podría ser que entra en vigor el PGOU del 86 y ve factible «hacer alguna disposición transitoria» por parte del equipo de gobierno.
El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, mostró ayer su alegría por el hecho. Considera las sentencias «justas y esperadas». Arranz señaló que estas sentencias demuestran que el PGOU actual era «ingobernable e ingestionable» y que generó «injusticia». «No se pueden tapar los errores del pasado utilizando terrenos urbanizables para pasarlos a no urbanizables y así limpiar los errores de otros ayuntamientos que tenían el mismo valor que los actuales porque contaron con el respaldo ciudadano en las urnas», explicó.
