­El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado la razón al Gobierno local de Marbella en el despido de un empleado de alta dirección que contrató el anterior ejecutivo (PP) para un Organismo Autónomo Local y que denunció su cese en los tribunales, según explicó ayer el portavoz local, Javier Porcuna.

El portavoz, que compareció en rueda de prensa junto al responsable del área laboral del Consistorio, Daniel Pérez, aseguró que el órgano jurídico, que depende de la Junta, ha estimado nulo el contrato de Francisco Ramos Sánchez como personal de alta dirección y, por tanto, estima la nulidad de pleno derecho de los efectos jurídicos que se pudieran derivar de su contratación.

El Consejo Consultivo argumenta que en la contratación no se respetaron los criterios de publicidad y concurrencia, se infringió el principio de legalidad y seguridad jurídica que garantizara el acceso al cargo en términos de concurrencia, igualdad y capacidad, y se omitieron los principios de idoneidad, según explicó Daniel Pérez. «La resolución fue arbitraria. Carecía de base, no tenía un mínimo de publicidad e incumplía los requisitos que regula los procedimientos de alta dirección», añadió Pérez.

El órgano jurídico del Gobierno regional avala también la decisión de despedir al alto directivo argumentando que «él mismo reconoce que su contratación fue irregular», dijo Pérez.

El gobierno local cree que la resolución del Consejo Consultivo se puede aplicar a otros dos cargos de confianza de Organismos Autónomos Locales que fueron despedidos y que también recurrieron su cese en los tribunales.

«En los juicios que se celebren se aportará el informe del Consejo Consultivo, por lo que, entendemos, que tendrá influencia en lo que determine el juez. Jurídicamente, estos informes tienen un soporte y una fortaleza que no tienen otras pruebas», dijo Porcuna.

El Ejecutivo local espera una segunda resolución del Consejo Consultivo sobre otro cargo de confianza de una OAL que denunció su cese tras ser despedido. Porcuna dijo ayer que hay otros ocho altos cargos del PP despedidos y que recurrieron su cese en los tribunales, de los que seis están vinculados con mercantiles y dos con el Consistorio.