La plataforma vecinal Ni un metro de Marbella ha instado al juez y a la fiscalía a investigar un presunto caso de falsificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 que según, el colectivo ciudadano, cometió el Ayuntamiento gobernado por el PP, y no tan sólo la presunta falsificación del acta de dicho pleno , como se ha hecho hasta ahora.

La portavoz del colectivo ciudadano Cristina Falkenberg ha explicado hoy en rueda de prensa que el auto de la Audiencia Provincial que reabre el caso (después de que fuera archivado por el juez Gonzalo Dívar) confirma su tesis de que el proyecto del PGOU que la corporación municipal probó en el pleno de 29 de julio de 2009 "no coincide" con el PGOU que el Ayuntamiento de Marbella envió posteriormente a la Junta de Andalucía

Cristina Falkenberg explica que el auto de la Audiencia Provincial de 15 de marzo recoge en el quinto párrafo de los fundamentos de derecho: "Por tanto nada se debatió ni se acordó respecto del contenido del escrito presentado por el Equipo redactor del Plan General, Territorio y Ciudad, en fecha 28 de julio de 2009 aunque consta como fecha de entrada 29 de julio de 2009, n° REG 063630. En el acuerdo final que se contiene en el acta del pleno y que obra a los folios 140 a 150 de las actuaciones, no se contiene mención alguna a la sustitución de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella, [€]".

Esto supone un flagrante caso de falsificación en lo que la plaforma considera el mayor escándalo urbanístico de Marbella.

Los miembros de la plataforma han exhibido el escrito de remisión del PGOU a la Junta, firmado por al alcaldesa Ángeles Muñoz, y la confirmación de la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía, de que se le remitió un PGOU distinto al aprobado en el pleno.

La plataforma llama la atención de que documentos importantes del PGOU aparecen firmados por una administrativa y no por los habilitados nacionales.

"El juez y el fiscal se están centrado en la falsificación del acta, pero no se trata de la falsificación del acta, algo que se podían haber ahorrado" sino de una presunta falsificación de planos, afirma la abogada.

La plataforma han mostrado varias diferencias entre uno y otro PGOU, como en el caso de la zona entre Marbella y Benahavís, donde denuncian que las lindes se alteran afectando a varios planos y se altera la calificación de algunas parcelas, como en el caso de la cascada de Camoján.

El colectivo insiste en que es imposible que los ediles conocieran las diferencias de uno y otro PGOU, pues el documento tiene 4.297 páginas.

Añaden que el documento que enumeraba los cambios abarcaba folio y medio, pero dicho folio no constaba en la documentacion del Ayuntamiento sino que éste lo presentó ante el juzgado, a raíz de la investigación de un juez por lo que difícilmente podía ser conocido por los concejales.

Incluso, añade la plataforma, dicho escrito tenía el mismo número de entrada que otro documento presentado en el Registro del Ayuntamiento, algo totalmente inusual.

El colectivo insiste en que dicho documento no se leyó tampoco en el pleno, en el que la alcaldesa se limitó a decir: "Incorporar nota como dice el vicesecretario. El punto propuesto sobre algunos de los informes que se han recibido y que tienen, que están, en el expediente..."

La plataforma añade que ha habido un ánimo deliberado de hurtar al pleno el conocimiento de las numerosas alteraciones que se han hecho al PGOU, algunas de enorme trascendencia económica. "Hubo dolo falsario, se alteraron elementos esenciales y hubo un daño evidente pues el PGOU estuvo vigente cuatro años y medio. Y durante ese tiempo se han realizado operaciones millonarias, algunas de ellas posibilitadas por las alteraciones en el PGOU".

Por otra parte, el exconcejal del PSOE Juan Luis Mena, que acudió a la comisión de Urbanismo en la que se abordó el PGOU y al pleno en el que la corporación municipal debatió el documento, ha calificado de "esperpento" el proceso de aprobación del Plan General de Urbanismo.

"Es evidente que aquí se han hecho cosas mal, no sé si a conciencia o no. A los ediles que votamos en contra nos ha dado la razón la Justicia", ha señalado Mena, que ha pedido a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que se ponga a disposición de la Fiscalía para los hechos.