El Seprona sentó hace año y medio en el banquillo al ahora ex alcalde de Sayalonga

f. extremera. Sayalonga El hasta ahora alcalde de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), saltó a la prensa hace año y medio, como imputado en un presunto delito urbanístico detectado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. La denuncia ante la Fiscalía lo sentó en el banquillo para esclarecer la situación de cuatro viviendas en terrenos no urbanizables en el entorno de Bajatillo.
Navas fue imputado tras una inspección rutinaria de los agentes, aunque en el seno del Ayuntamiento el regidor apuntó a un particular como denunciante tras señalar que se trataba de una "persecución". Esas voces se han oído ahora, desde su entorno, al manifestar que se ha tratado de una "encerrona" y que es atípico que el procedimiento judicial se haya reducido apenas dos semanas.
Desde las filas de la oposición en el Consistorio se recuerda que allá por la primavera de 2008 el ahora ya ex mandatario local se tuvo que sentar ante los juzgados de Torrox para declarar por "presuntas irregularidades urbanísticas". Se trataba de cuatro inmuebles unifamiliares en suelo agrícola y desde la Fiscalía se le planteaban los supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. Ahora se enfrenta por otro expediente a una condena de un año de cárcel y nueve de inhabilitación –que va a recurrir–, por atentar contra la ordenación del territorio.
Por entonces, José Luis Navas defendió que aquellas cuatro casas agrícolas contaban "con todos los informes técnicos y licencias municipales". Defendió la legalidad y reconoció públicamente que no temía la acción de la justicia. "Existe proyecto de actuación y las diligencias abiertas van a ser archivadas con toda seguridad".
Las edificaciones se habían desarrollado a mediados de esta década y sobre fincas de parcelas superiores a 5.000 metros cuadrados, cuando aún no estaba en vigor la actual normativa urbanística para Andalucía. Eran inmuebles dedicados, según Navas, a la plantación de nísperos y el cultivo tradicional del olivo.
El regidor llegó a amenazar con iniciar "acciones legales", una vez archivado el expediente judicial, "de forma que fuese restituida su imagen pública". Y lamentó que se le acusara sin que hubiese "indicios razonables de delito". Su caso se unió a los de Viñuela, Alcaucín o Cómpeta, por denuncias similares.