Los escándalos empresariales no son patrimonio mediterráneo en Europa. La empresa Volkswagen, fabricante del «coche del pueblo», ha sido pillada in fraganti trucando los ordenadores de sus vehículos diésel, de manera que éstos detectaban los controles (cuando las ruedas estaban sobre tornos móviles) y en ese momento se ajustaban las emisiones de gases contaminantes. Un procedimiento muy sofisticado que ha permitido mantener la potencia de los vehículos y sortear al mismo tiempo los estrictos requisitos medioambientales de los mercados europeos y norteamericano.
Vayamos por partes con este asunto. Un reciente estudio demuestra que en estos últimos años la Comisión Europea ha favorecido una política de reducción de emisiones que, implícitamente, ha favorecido los vehículos diésel, producidos por fabricantes europeos. Es decir, que la política medioambiental europea se ha venido utilizando precisamente para favorecer a un sector estratégico como es el automovilístico. Y con esta ventaja competitiva los coches diésel han podido introducirse en el mercado estadounidense, muy remiso a este tipo de vehículos.
Por otra parte, la empresa alemana ha gestionado realmente mal esta crisis. Su máximo responsable en los Estados Unidos ha manifestado ante el Congreso que se trata de una decisión tomada por «dos ingenieros». Un disparate que acredita el cese fulminante de este individuo. Se han instalado alrededor de once millones de motores con el software trucado, una decisión que es imposible que haya sido tomada por dos o tres ingenieros de manera espontánea o incontrolada. Si así hubiera sido, no obstante, el cese de la cúpula de Volkswagen debería ser automático, dada su incapacidad para controlar sus cadenas de producción.
Finalmente, se han producido críticas a la actuación de Angela Merkel, que ha salido en defensa de la empresa. Lógico y legítimo. Europa no puede permitirse que Volkswagen se hunda, con cientos de miles de empleos directos e indirectos en el aire, y con miles de millones de euros de inversión industrial cada año. En un mundo tan competitivo, la quiebra de Volkswagen serviría en bandeja la supremacía en el sector a fabricantes norteamericanos o asiáticos, un drama que hay que intentar evitar a toda costa. Pensemos en Navarra, donde el 30% del PIB regional está asociado a la factoría que allí tiene la empresa alemana. ¿De verdad alguien cree que el gobierno navarro debería cruzarse de brazos ante una crisis de esta magnitud?
Con estos datos, lo más importante es trazar una hoja de ruta que permita recuperar cuanto antes la confianza en la empresa, en su marca y en su reputación. Porque estamos hablando de una crisis que puede afectar a toda la industria automovilística europea, si no se ataja a tiempo. La iniciativa de Merkel es la adecuada. Tras el accidente del avión de Germanwings no conviene tontear con la sagrada reputación de las empresas alemanas. La reciente firma del Tratado de Libre Comercio del Pacífico (TPP) nos debe recordar que la economía se juega en un tablero de juego global, lleno de depredadores, donde una mala decisión puede llevarse por delante el bienestar de una región entera. Europa debe actuar unida para afrontar situaciones tan complicadas como ésta.
Por supuesto, la hoja de ruta debe contemplar medidas relevantes contra la cúpula de la empresa. Con su decisión de hacer trampas no sólo han estafado a varios millones de clientes: también han puesto en peligro a su propia empresa, con sus centenares de miles de empleos, sus efectos indirectos, y sus inversiones. Por no hablar del duro golpe que ha sufrido un sector tan estratégico para toda Europa como es el del automóvil. Han negado la evidencia y han tratado de esconder los hechos. Una torpeza mayúscula y una deslealtad manifiesta hacia la sociedad europea. Sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Sin contemplaciones.
