La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha abierto dos expedientes sancionadores, uno para el Ayuntamiento de Mijas y otro para Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por no cumplir con la legalidad en lo referente al sellado del vertedero de Entrerríos.
La planta de tratamiento de residuos de Mijas fue puesta en marcha en 1999 y clausurada en 2011. Desde entonces, los residuos se llevan a la planta de tratamiento de Casares a través de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
Ya han pasado casi cuatro años desde que cesara la actividad del vertedero y aún no se ha sellado de manera correcta, lo que ha provocado ambos expedientes.
La Junta afirma que tanto el Ayuntamiento de Mijas como la empresa concesionaria de la gestión de la planta de residuos mijeña (FCC) son responsables de que todavía no se hayan ejecutado las medidas medioambientales que se exigen para este tipo de situaciones, como por ejemplo, el sellado.
La Consejería de Medio Ambiente ha abierto el correspondiente plazo de alegaciones conforme a ambos expedientes y, una vez concluidos los resolverá y adoptará la actuaciones pertinentes.
Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía exigió un aval a la sociedad mercantil que garantizara que el sellado se iba a acometer de manera correcta. Aunque aún la Junta no ha ejecutado el aval, la Delegación de Medioambiente tiene la potestad de sellar el vertedero con dicha cantidad o tomar cualquier otra medida que considere oportuna para solucionar el problema.
Infracciones. El Ayuntamiento de Mijas, según su expediente sancionador, no habría cumplido con las obligaciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental de la Delegación Provincial en Málaga.
En este sentido, concluido el vertido de residuos, se prevé una fase de clausura y restauración que no se ha llevado a cabo en Mijas.
Entre otras actuaciones el Consistorio debería haber velado por el sellado del vertedero, impermeabilizando la superficie para evitar la entrada de aguas y evitar el flujo plástico de la masa, así como depositar una capa de tierra vegetal reforestándose con especies autóctonas de la zona.
Por este motivo, la Junta de Andalucía considera que los hechos han originado una serie de incidentes que han provocado efectos negativos ambientales en el lugar como consecuencia de la falta de cumplimiento de sus obligaciones.
Esta infracción es sancionable con multa desde 600 hasta 30.000 euros, excepto si están referidas a residuos peligrosos, que será desde 6.000 hasta 300.000 euros
Según fuentes municipales, el gobierno local no entiende el expediente después de que la Junta de Andalucía no se pronunciara acerca de la ejecución del aval que el Ayuntamiento ha solicitado.
Por su parte, el procedimiento sancionador abierto a FCC se basa en el incumplimiento de obligaciones consistentes en la documentación y ejecución de un Plan de control y un Plan de clausura y mantenimiento postclausura, relativo al vaso de vertido activo de la planta de residuos mijeña.
En este caso la sanción podría ascender a una multa de 24.000 hasta 240.400 euros.
