La Fiscalía de Málaga ha abierto unas diligencias de investigación sobre el supuesto caso de espionaje en la empresa pública Mijas Comunicación.

Así lo aseguraron fuentes judiciales, quienes apuntaron que las diligencias se han iniciado por el momento por un supuesto delito informático y contra la intimidad, aunque a lo largo de la investigación podría derivar en otros delitos, como revelación de secretos y descubrimiento.

Estas diligencias se inician a raíz de la denuncia presentada el pasado viernes por los consejeros del PP relatando hechos relacionados con ese supuesto espionaje que podría haber afectado a ediles del consejo de administración y a trabajadores de la empresa, solicitando que se diera traslado a la Unidad Policial de Delitos Informáticos.

Asimismo, los consejeros del PP remitieron a la Fiscalía una ampliación de su escrito inicial, en el que reiteraba, además, la necesidad urgente de que se salvaguarden las garantías legales de la prueba pericial que se está practicando. El PSOE también ha remitido escrito a la Fiscalía, que se unirá a las diligencias ya abiertas, según las fuentes antes mencionadas.

Según lo que ha trascendido estos días, tras el cese del anterior director de la empresa municipal de comunicación, la nueva responsable informó al consejo de sus sospechas sobre el borrado de la cuenta de correo electrónico de dirección y del ordenador de dicho directivo, proponiendo una auditoría informática, algo aprobado por unanimidad en el consejo de administración del pasado 1 de marzo.

Posteriormente, el pasado 22 de marzo tuvo lugar una nueva reunión de este consejo a la que asistió el perito judicial informático contratado para realizar la auditoría, informándose de que se habían eliminado 830 gigabytes de información, dejando sólo tres gigas en el ordenador de dirección o que se habían detectado software espías sofisticados con los que se tiene un control total de los equipos, que podrían haberse extendido en otros órganos del Ayuntamiento.

Dicho perito judicial emitió un informe preliminar que entregó el pasado día 1 de abril, el cual ha sido remitido a la Fiscalía, que lo tendrá que analizar junto a las denuncias presentadas.

Procedimiento paralelo

Paralelamente, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, presentó la pasada semana una denuncia en relación con sus fundadas sospechas de que la auditoría informática llevada a cabo «es una estafa», solicitando que se apartara al perito judicial. Esto ha dado lugar a un procedimiento en un juzgado de Fuengirola, en el que la Fiscalía se ha opuesto a la medida solicitada.

Por su parte, el grupo municipal socialista de Mijas espera que, después de conocerse la postura de la Fiscalía, «se depuren responsabilidades y se aclaren estos hechos lo antes posible por el bien de Mijas y de todos los mijeños».