Acuerdo de gobierno

CEOE rechaza reducir por ley la jornada laboral y lo critica por "intervencionista"

"Las medidas del acuerdo de PSOE y Sumar van a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos, y por tanto para el crecimiento de la economía y la creación de empleo", afirma la patronal en un comunicado

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y el de la CEOE, Antonio Garamendi.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y el de la CEOE, Antonio Garamendi. / David Castro

Rosa María Sánchez

Las patronales CEOE, Cepyme y ATA han expresado su rechazo a las principales medidas económicas y sociales incorporadas por el PSOE y Sumar en su acuerdo de legislatura y, en particular, han criticado el compromiso de regular por ley una reducción de la jornada laboral desde las actuales 40 horas a la semana a las 37,5 horas sin reducción de sueldo.

"A la espera de conocer el texto final, CEOE, Cepyme y ATA expresan su rechazo a las medidas que se han conocido del acuerdo programático de PSOE y Sumar para la formación de un nuevo Gobierno que van a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos, y por tanto para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España", apuntan las tres organizaciones empresariales en un comunicado conjunto.

En particular, los empresarios critican que "el acuerdo se adentre en cuestiones propias del diálogo social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente, que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales".

En dos años

El documento para un acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar prevé la reducción progresiva de la jornada laboral: "Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas", se afirma.

Desde 1984, el Estatuto de los Trabajadores fija un máximo de 40 horas laborales a la semana, una cifra que lleva a un máximo de 1.826 horas al año. Sin embargo, según ha apuntado Sordo, la jornada anual máxima negociada en los convenios colectivos lleva a una media de 1.642 horas al año. En la práctica, eso da un resultado en el entorno de las 37,5 horas semanas, que es la referencia máxima que PSOE y Sumar pretenden adoptar por ley.

En contra de la imposición legal

Desde el punto de vista de las organizaciones empresariales que presiden Antonio Garamendi (CEOE), Gerardo Cuerva (Cepyme) y Lorenzo Amor (ATA), "existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva". En opinión de los empresarios "la regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador" ya que "hacerlo de otra manera, y fuera del marco del diálogo social, supone un aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo (cotizaciones, subida del SMI) que ya venían sufriendo y cuando muchas de ellas, en especial PYMES y autónomos, siguen yendo por detrás en la recuperación".

Los representantes sindicales comparten con los empresarios que la aplicación de la jornada laboral corresponde al marco del diálogo social. Sin embargo, los sindicatos consideran que el punto de partida debe ser la reducción por ley de la jornada semana. En particular, UGT y CCOO plantean bajar desde las 40 horas actuales a las 35 horas y valoran como un primer paso el objetivo de las 37,5 horas del acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar.