La Fiscalía, alarmada con la subida del absentismo escolar

La Fiscalía de Menores ha dado la voz de alarma debido a uno de los problemas más habituales a los que se enfrenta: el absentismo escolar, más acusado en los chicos que cuentan con más de 14 años, lo que deja además a unos padres desesperados que no pueden atender a sus vástagos al estar trabajando.

Así lo refleja el órgano fiscal en la memoria relativa a 2010, en la que no ahorra calificativos ni reflexiones de inusual crudeza: «El absentismo escolar sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los problemas más frecuentes que han de afrontarse desde la Fiscalía, disparándose su incidencia entre los mayores de 14 años».

El protocolo entre administraciones para atajar esta lacra social determina que se deriven a la Fiscalía los casos más graves cuando se han sobrepasado otros valladares que se han mostrado ineficaces para poner coto a la situación. Es, recalca la Fiscalía, «un gravísimo problema» que tiene muchas caras, como cualquier realidad.

Pagan su permisividad

La segunda situación más habitual es que menores con edades comprendidas entre los 13 y los 15 años se niegan reiteradamente a acudir a los centros de enseñanza, lo que se une a la incapacidad de los progenitores para lograr cambiar «la dinámica comportamental». Pagan su permisividad.

Otros niños dejan de ir a la escuela como «reflejo de un padecimiento global de desasistencia», añade el órgano de Menores, así como también se da el absentismo por razones culturales o étnicas. Incluso, suele ocurrir que niños y niñas de corta edad no vayan al colegio por deficiencias mentales o psíquicas, o porque sus padres han optado por educarles en casa, una práctica muy extendida en el mundo anglosajón. Es lo que se conoce como home education.

Sin embargo, a estas situaciones más o menos conocidas, la Fiscalía añade una que ha adquirido volumen en los últimos años: la de aquellos menores que provocan su expulsión de manera reiterada y que, consecuentemente, «pasan la mayor parte del año sin asistir a clase». Se trata, dice el ministerio fiscal, de «un auténtico absentismo encubierto cuya proliferación hace del mismo uno de los supuestos más preocupantes».

«Espiral difícil de detener»

Estos chicos entran en una espiral «difícil de detener», reflexiona la Fiscalía en el documento, «por cuanto que la falta de asistencia al colegio durante tales periodos les hace difícil, por no decir imposible, retomar las clases en los periodos en los que se reincorporan».

La Fiscalía ha habilitado comparecencias periódicas todos los miércoles del mes con citación previa, y muchos de los niños que incurren en esta práctica «confiesan espontáneamente tales hechos».

Asimismo, la conducta de sus hijos coloca «en una situación desesperada a los progenitores», ya que en la mayor parte de las ocasiones, y al estar incorporados al mercado laboral, «se muestran incapaces de controlar a sus hijos durante esos periodos de expulsión», señala la Fiscalía de Málaga en su memoria, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga.

Los acusadores suelen actuar de la siguiente forma ante esta realidad: se piden informes a los servicios sociales o al colegio sobre la causa de la inasistencia y se les pide que intervengan para corregirla. Si el problema persiste, se cita a los niños junto a sus padres o tutores en la Fiscalía y se les informa de que asistir a clase es obligatorio, así como también se les exponen las consecuencias de no ir al centro docente.

Multas de la Junta de Andalucía

Si, pasado un tiempo, continúa persistiendo el problema y existe «falta de implicación de los padres o tutores», se envía la documentación a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para que, en su caso, imponga una multa, según la Ley Autonómica sobre Derechos del Niño.

Para ello, se efectuó una reunión con los responsables de Educación en 2009, pero hasta la fecha, «y pese a que se les ha requerido en múltiples ocasiones para que informen al respecto», no se ha impuesto ninguna multa.

Acusación, en casos graves

La Fiscalía sólo presenta acusación en los supuestos más graves, «en los que se detecta dejadez o falta de responsabilidad por parte de los padres y en los que las intervenciones anteriores no dan frutos». Entonces, los progenitores han de responder ante la Justicia.