Todavía no se ha discutido oficialmente en el Congreso, pero ya se acumulan las reacciones. El interés del Gobierno en reformar la Ley de Costas, a la que considera errática, ha vuelto a remover la provincia, que vive días de debate intenso, después de la tregua, especialmente en materia de chiringuitos, de 2009. Más de 17.500 familias, residentes y hosteleros, en su mayoría, dependen directamente en Málaga de las reglas del juego que resulten de la modificación, que se presume, como mínimo, controvertida, al menos en su procedimiento inicial.

La ley no compete en exclusiva a los chiringuitos, que en algo más de un cincuenta por ciento continúa con sus licencias sin resolver. Según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, un total de 517 fincas se alzan en el terreno vetado por la norma de 1988, el llamado dominio público marítimo terrestre. La cifra acapara barriadas como las de El Palo, Pedregalejo o La Araña, pero también viviendas de núcleos como El Copo, Lagos y Mezquitilla, en Vélez Málaga, a los que se le añaden construcciones aisladas, caso de la residencia de ancianos Marymar, de Benalmádena.

El cómputo de afectados supera el censo de municipios como Álora. Un pueblo de residentes, más de 17.000 trabajadores del sector de los chiringuitos. De momento, la apuesta del Gobierno se comprime en una declaración de intenciones. Su objetivo, señala, es conciliar la actividad económica con la protección del litoral. Eso pasa por aclarar la situación de los negocios y de los propietarios, a los que se ha lanzado el mensaje, tanto en la tribuna mediática como en las Cortes, de que no sería inviable la posibilidad de una amnistía, especialmente en lo que respecta a las construcciones anteriores a la aprobación de la ley. Una sugerencia examinada por los vecinos con cautela, con más pasión que entusiasmo, y en la que muchos ven la sombra de una vuelta a justamente lo contrario de lo que pretendía originalmente la norma, al descontrol y la especulación.

En un borrador presentado en el consejo asesor de Medio Ambiente, en el que se recogían propuestas para el debate, la administración aludía a una eventual desafectación de los barrios consolidados urbanísticamente, lo que se traduce en el tránsito de público a privado de los terrenos en los que se asientan entornos como el de las casas de Pedregalejo o El Palo. Los vecinos se muestran escépticos y desconfían de una solución súbita. En cualquier caso, resulta únicamente una conjetura. El Gobierno todavía no ha facilitado ningún documento en firme. La reforma será de todo menos sencilla, lo contario a una simple bula, jurídicamente un rompecabezas.

El deslinde, la frontera que marca el área protegida, todavía no se ha completado. Falta, además, establecer los métodos de compensación en una hipotética cesión de terrenos. En todo su recorrido, la ley topa con mapas en sombra, de confusión. Norberto del Castillo, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Andalucía, cree que el problema no es tanto la norma, como su aplicación. «Más que cambios legislativos, lo que reclamamos es que se flexibilice su interpretación. Las circunstancias de cada playa son distintas», declara.

El representante de los chiringuitos es de los que analiza con prudencia la iniciativa del Gobierno. Asegura que el sector todavía desconoce su contenido. «Hemos escuchado muchos cantos de sirena en todos estos años», precisa. La indeterminación en la que subsisten los establecimientos, insiste, es un freno para el sector, por lo que pide que se aclare la aplicación de la norma y se blinde de futuros cambios de criterio. Un temor que justifica en la experiencia: «Muchos de los chiringuitos que ahora no tienen concesión ya hicieron reformas para adaptarse a la misma ley a principios de los noventa. Es absurdo», razona.

Del Castillo critica la escasa repercusión del traspaso de competencias a la Junta de Andalucía, que, declara, no ha servido para acercar las decisiones más vinculantes, que siguen subordinadas a los departamentos de Madrid.

Las reivindicaciones de los chiringuitos, apaciguadas tras los acuerdos de 2009, obtienen en la provincia un notable eco de solidaridad; instituciones y colectivos sociales defienden su idiosincrasia, lo que no implica, sin embargo, el rechazo a la ejecución de la ley. Gonzalo Fuentes, responsable turístico de CCOO en Andalucía, se alinea con los establecimientos, pero exige al mismo tiempo el respeto escrupuloso de la legislación. Las playas, razona, son el gran patrimonio turístico de la Costa del Sol y las leyes deben velar severamente por su protección. «No queremos vernos con que se permite abrir hoteles que luego tienen que echar el cierre y dejar a sus trabajadores en la calle», reseña.

El legado urbanístico. Fuentes se refiere a la herencia del boom del ladrillo, el denominando milagro español, que dibujó una línea de viviendas de dudosa legalidad en el horizonte marítimo del país. Para el sindicalista, la reforma de la norma debe extremar el cuidado del medio ambiente para evitar que se repitan las atonalidades urbanísticas del pasado. En este sentido, manifiesta su preocupación por algunos de los postulados arrojados en las últimas semanas por el Gobierno: la posibilidad de habilitar nuevos usos de la servidumbre marítima; la desafectación. Jose Damián Ruiz Sinoga, profesor de Geografía Física de la Universidad de Málaga, considera que una amnistía sería «una barbaridad», puesto que existen construcciones de difícil justificación legal. El académico insiste en que a la propuesta todavía le queda definirse, aunque reconoce su preocupación por las declaraciones de las últimas semanas. En este sentido, desconfía, incluso, de una posible comunión entre el desarrollo económico y el respeto a la ley. «Bajo esa premisa, ¿qué hacemos con los futuros edificios como el de Algarrobico? ¿Se aceptan como sinónimos de crecimiento?», reflexiona.

Alberto Garzón, diputado de IU, entrevé directamente en el planteamiento del Gobierno una vuelta al modelo económico del ladrillo, de la permisión, y aboga por la continuidad de las casas de El Palo y Pedregalejo bajo una figura de protección cultural que garantice su supervivencia sin necesidad de agitar la bandera de la privatización. Pilar Serrano, del PSOE, comparte su inquietud. «El planteamiento del PP supondría volver a antes de 1988, a la protección del espacio público», declara.

A la luz de la polémica, el Gobierno, sin embargo, se apresura a aclarar que su intención es convertir la protección del litoral en el eje de la reforma. Además, insiste en que no tolerará «aberraciones ni invasiones urbanísticas». ¿Exceso de suspicacia? ¿Recelo de la oposición? Francisco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, sitúa en el origen de la controversia a los mensajes «equívocos» del PP. «El Gobierno ha lanzado el órdago y ha ido probando con propuestas para ver la reacción. Empieza a advertir que la modificación es de una gran complejidad legal», señala.